El empresario minero leonés Victorino Alonso ha sido condenado por un juez de Huesca a dos años y medio de prisión como responsable de los graves daños causados en la cueva de Chaves, considerada uno de los principales yacimientos arqueológicos neolíticos de la Península Ibérica. Alonso es condenado también al pago de una indemnización de 25,49 millones de euros al Gobierno aragonés.
El escándalo por el expolio de Chaves estalló en 2009, cuando expertos arqueólogos descubrieron que en el interior de la cueva se habían desarrollado trabajos que destruyeron el yacimiento neolítico, que estaba sin excavar al 90% y en el que años atrás se había encontrado un enterramiento y otros valiosos restos arqueológicos. La cueva está emplazada dentro de un gran finca denominada Bastarás y que es un coto privado de caza propiedad de la mercantil Fimbas S. A., de la que era administrador Victorino Alonso.
El juez considera acreditado que el empresario minero ordenó realizar obras en el interior de la cueva que consistieron en el vaciado de sus losas y sedimentos, con el propósito de nivelar el suelo para colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras. El material extraído de la cueva se utilizó para construir un dique de contención. Las labores en el interior se hicieron con una pala excavadora que, según testificaron los expertos durante la vista del juicio, retiró al menos mil metros cúbicos de nivel arqueológico del suelo y se adentró hasta 175 metros por el interior de la cueva.
La sentencia señala también que la sociedad Fimbas era conocedora de la existencia del yacimiento, de su protección y de la necesidad de solicitar autorización para realizar cualquier tipo de intervención. Pese a ello, señala el fallo, Victorino Alonso "tomó la decisión de vaciar al cueva de Chaves con el fin de utilizarla para el interés de la empresa y la explotación del coto de caza".
El juez le considera por ello responsable de un delito sobre el patrimonio histórico.
