Los empleados del grupo Banco Popular que quieran acogerse a las prejubilaciones, bajas incentivadas o excedencias con las que la entidad pretende deshacerse de 2.592 trabajadores tendrán diez días (desde el próximo miércoles) para decidir si aceptan la oferta prevista en el acuerdo con el que la mayoría sindical y los directivos cerraron a última hora de la tarde del sábado el periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). El pacto ofrecido por CC OO también fue suscrito finalmente por UGT, Segrupo, FITC y AMYC, que representan el 86% de la representación sindical.

La CIG sin embargo lo rechaza al entender que implicará al menos unas 400 bajas forzosas. El sindicato nacionalista entiende además que el ERE no está justificado y que si la entidad quisiera hacer un despido colectivo por causas organizativas lo cubriría únicamente con prejubilaciones voluntarias.

Gladys Afonso, secretaria de la sección sindical de la CIG en el Pastor-Popular, explica que en el grupo hay 2.588 personas de más de 55 años, sólo cuatro menos que las bajas que pretende el banco, que limita las prejubilaciones. La entidad abre la puerta en un comunicado publicado ayer a que salgan los 1.700 empleados que superan los 59 años. Les ofrece el 75% del salario bruto o el 70% con el 50% del complemento voluntario. Los mayores de 58 años percibirán entre el 65% y el 70% en función de si reciben o no el complemento voluntario, pero la oferta está sólo en pie para 200 de los 300 trabajadores con esta edad. Los de entre 55 y 57 años recibirán entre el 60 y el 65% con o sin complemento pero sólo un máximo de 100 personas de las 300 con esta edad tendrán derecho a irse. Los prejubilados percibirán una prima adicional de 3.000 euros siempre que lo hagan voluntariamente. El banco dejó claro a los sindicatos que si estas cifras no se cumplen, las bajas serán forzosas.

Las bajas incentivadas están abiertas para los empleados de hasta 54 años con una indemnización de hasta 35 días de sueldo por año trabajado con un límite que va según la edad de 24 mensualidades y 110.000 euros. El banco abonará a estos empleados una paga adicional de 500 euros por año trabajado en concepto de antigüedad. El Popular añade que sólo si son voluntarias, quienes se adhieran a las bajas incentivadas percibirán una "prima de enganche" que en función de la antigüedad irá de los 3.500 y 25.000 euros.

Las excedencias -de hasta cuatro años y en los que el empleado recibirá 15.000 euros anuales- están limitadas a un máximo de 250 personas menores de 50 años pero con diez o más de antigüedad. El banco prevé además medidas de movilidad geográfica para 200 trabajadores, que serán compensados, pero aún no se sabe cómo.

El impacto definitivo del ERE en Galicia, donde se cerrarán al menos 42 oficinas, se conocerá a partir del día 19, pero de momento el 15% de la plantilla gallega (el porcentaje que representan los 2.592 en el cómputo global) son 389, que podrían aumentar si más empleados se acogen a las medidas voluntarias. Gladys Afonso sostiene que con esas medidas propuestas faltan 391 trabajadores para llegar a los 2.592 previstos por el Popular, lo que supondrá casi 400 bajas forzosas. A esto y a la falta de justificación, la CIG une el "ERE encubierto" que el grupo hizo en Galicia con la fusión de Popular y Pastor, cuando desaparecieron 800 empleos, entre prejubilaciones y traslados.