La trifulca permanente entre Nueva Pescanova y su primer accionista, la antigua matriz de la multinacional (la vieja Pescanova), continúa empañando la tarea hercúlea que tiene por delante la pesquera: multiplicar por cuatro su rentabilidad hasta 2020 y elevar los ingresos hasta los 1.500 millones de euros. Un reto para el que es indispensable una reestructuración financiera que, a ojos del holding, pasa por ampliar capital en unos 300 millones con el canje de deuda por acciones. Y las dos partes han optado por judicializar el proceso: la vieja Pescanova, con la determinación -avalada por la junta- de bloquear en los tribunales la ampliación; la Nueva, con la pretensión de arrebatar a la anterior su sustento económico. La multinacional, controlada por la banca acreedora, quiere despejar cualquier posibilidad de veto en sus filas.

El último episodio del serial se ejecutó el 4 de octubre con la decisión de Nueva Pescanova de interponer una nueva demanda contra la antigua matriz para retirarle las medidas de apoyo económico que comenzó a percibir el 1 de diciembre del año pasado. Desde esa fecha Pescanova SA ingresa 255.000 euros al año del holding para sufragar sus gastos, y además le salen gratis los servicios administrativos, legales y contables (por un máximo de otros 200.000 euros). Las pérdidas y el calendario postconcursal de la pesquera impedirán el reparto de dividendo durante quince años, a priori, de manera que este contrato es ahora el único sustento de la vieja Pescanova. Desde esta sociedad consideran que la demanda tiene como "único fin estrangularla financieramente".

El objetivo último, según las mismas fuentes, es el de evitar que la antigua matriz "no pueda defenderse legalmente ante la ampliación de capital", que consideran innecesaria. En su última junta general, los accionistas de Pescanova SA optaron por la propuesta más beligerante, que defiende el actual consejo, contra la conciliadora que abanderaba el fondo norteamericano Broadbill Partners. El 82,33% de los socios apoyaron -el 21 de septiembre- la iniciativa no solo de votar contra la ampliación en el consejo de Nueva Pescanova, sino de iniciar acciones legales para bloquearla. Los abogados del Estudio Jurídico Sánchez Calero, asesores de la vieja matriz, ratificaron que el canje de deuda por acciones no será posible hasta que hayan pasado tres años desde el cumplimiento del convenio, y que la capitalización "podría ser considerada abusiva (por opresión de la minoría) si no estuviera justificada su adopción desde un punto de vista económico".

La opinión del holding

En Chapela tienen claro que la operación es indispensable -el CEO, Ignacio González, insiste en que sin ella "no hay futuro"-, pero aseguran que la demanda obedece a otra razón. Consideran que la antigua cabecera del grupo se benefició de su condición de accionista único de Nueva Pescanova (el contrato de apoyo económico se aprobó el 29 de septiembre de 2015, antes de la entrada de la banca en el capital-, causando un perjuicio a sus cuentas para "vivir de rentas". Con todo, y pese a la insistencia de la Sociedad Anónima, desde las entidades financieras insisten en que no les preocupa la demanda que se pueda interponer contra la ampliación por el "desfase palmario". Eso sí, sigue sin haberse aclarado ni el importe exacto de la capitalización (oscilará entre el 25 y el 35% de la deuda), a qué tramos va a afectar y qué acreedores se verán más beneficiados y damnificados por el canje.