El comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) acordó ayer el despido por causas objetivas del secretario general de la organización, Fausto Santamarina, tras 16 años en el cargo y casi treinta en plantilla de la patronal gallega, según ha podido saber FARO. El comité adoptó esta decisión "por unanimidad" tras aceptar la renuncia como miembros de Enrique Mallón (Asime) y José María Seijas (Federación Gallega de Comercio), que habían sido designados por el ya expresidente de los empresarios gallegos, Antonio Dieter Moure. La junta de vicepresidentes (integrada por los patrones de las cuatro confederaciones provinciales) asumió ayer el gobierno efectivo de la CEG con el objetivo de abordar "de inmediato" la ejecución del plan de viabilidad, que entre otras cuestiones incluye otros despidos y recortes salariales, y sin dejar claro quién asumirá la portavocía de la gestora.

Santamarina había relevado en el año 2000 en la secretaría general a Rafael Sánchez Sostre, otrora hombre de confianza del primer presidente la CEG, el vigués Antonio Ramilo. Su despido, con una indemnización directa que rondará los 83.000 euros, pone fin a una carrera de 27 años en la patronal gallega. Fuentes consultadas indicaron que su cese fue aprobado por unanimidad por parte de los miembros del comité ejecutivo, y por ahora no habría intención de nombrar un sustituto. Sus funciones serían asumidas -según las mismas fuentes- por el responsable del área jurídica de la patronal gallega, José Antonio Neira. La retribución de Santamarina representaba buena parte del gasto en salarios de la Confederación, por lo que en el plan de viabilidad se había propuesto rebajarlo un 30%.

Antes de que el comité ejecutivo tomase ayer esta decisión, los representantes de las sectoriales Enrique Mallón (Asime) y José María Seijas (Federación Gallega de Comercio) entregaron su renuncia como miembros del mismo. Ambos habían sido nombrados por el expresidente Antonio Dieter. El gobierno de la CEG está desde ayer en manos de la junta de vicepresidentes, que abordará "los aspectos clave de su gobernanza antes de abrir el proceso electoral", al tiempo que abrirá un proceso de consultas con los órganos de gobierno de la institución "sobre la conveniencia de estudiar las reformas estatutarias necesarias de manera previa a la convocatoria electoral, que sitúe a la organización empresarial en un ámbito de estabilidad permanente".

La junta agradeció la labor de Dieter Moure al frente de la CEG, así como su decisión de dimitir "antes sus dificultades de dedicación y la urgencia para la aplicación del plan de viabilidad de la institución". Por estatutos, al tratarse del vicepresidente de mayor edad, la presidencia y la portavocía de la junta recae en el representante de A Coruña, Antonio Fontenla, pero fuentes próximas al patrón herculino indicaron ayer que esta vez declinará esta responsabilidad, que recaería entonces en el presidente de la patronal ourensana, José Manuel Pérez Canal. Desde el entorno del líder empresarial ourensano matizaron que "por ahora" el portavoz es Antonio Fontenla. En una nota, la junta de vicepresidentes insistió en que la gestión de la CEG se hará de "manera colegiada", "ejerciendo un liderazgo compartido".

Al encuentro de ayer en Santiago acudieron los cuatro líderes provinciales -Pérez Canal, Jorge Cebreiros, Jaime López y Fontenla (A Coruña)-, así como el presidente de Cegasal y de la comisión de Economía de la CEG, José Antonio Vázquez Freire; el secretario general de Asime, Enrique Mallón; y el presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas.

Por otra parte, varias asociaciones sectoriales, críticas con la oposición que las provinciales han hecho contra Dieter Moure, se reunieron también ayer para analizar su situación actual en la patronal. Algunas están dispuestas a abandonar tanto la CEG como las patronales provinciales al no sentirse representadas. Fuentes de estas organizaciones indicaron que temen que el despido de Santamarina pueda incluso frustrar el plan de viabilidad en el caso de que el ex secretario general recurra y exija una mayor indemnización, así como por las repercusiones de esta acción en las negociaciones con la banca para ampliar el crédito hipotecario.