Los más de tres años de investigación no han servido para desenredar la madeja del caso Pescanova en la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata ha accedido a la petición del fiscal Juan Pavía y comunicó ayer a las partes personadas que la causa es oficialmente "compleja". De este modo la fase de instrucción "finalizará el día 6 de junio de 2017, salvo que proceda su prórroga". El auto del magistrado ha caído a plomo sobre parte de los imputados -los que aspiran a dejar de serlo y no sentarse en el banquillo-, pero no ha sorprendido entre las acusaciones. A raíz de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), los fiscales han solicitado en masa declarar sus causas como complejas para continuar las pesquisas. De otro modo todas se habrían tenido que cerrar el pasado 6 de junio, incluida la de la multinacional pesquera.
"No creo que cambie el calendario especialmente, pienso que en junio o julio se cierra la fase de instrucción aunque haya declarado compleja esta causa", expone uno de los letrados de la acusación particular. Para las principales partes personadas contra la antigua cúpula de la compañía no hay motivos que justifiquen un "gran retraso" para dictar la apertura de juicio oral. A día de hoy solo hay tres asuntos pendientes, que requieren además la colaboración de órganos judiciales extranjeros. La más destacada es la que se envió hasta en cinco ocasiones a Sudáfrica para interrogar al exconsejero y expresidente de la Comisión de Auditoría, Robert Albert Williams. El juez llegó a amagar con una orden de detención en su contra que no amedrentó al ejecutivo. El requerimiento se retiraría al alegar el imputado una una vasculitis"que conlleva un grave riesgo para su salud", sobrevenida, al parecer, a mediados de 2013.
Williams -consejero entre 1997 y 2013- nunca respondió ante la justicia española o sudafricana porque marchó de España justo la plana mayor del consejo fue imputada por Pablo Ruz. Antes de su escapada, según las actas de los consejos -en poder de FARO- sí se había desplazado a Chapela en las siguientes fechas: 13 de abril, 22 de junio, 2 de julio, 7 de septiembre, 23 de noviembre [en 2012], 26 y 27 de febrero y 14 de marzo [ya en 2013]. Fuentes jurídicas consideran que su testimonio podría explicar no solo su grado de conocimiento de las prácticas presuntamente fraudulentas de la cúpula directiva, sino de su relación con la auditora externa, BDO. Ante la ausencia de medidas cautelares impuestas a esta empresa, los accionistas de Cartesian Capital Group han recurrido a la justicia norteamericana para tratar de probar que BDO actuó con complicidad en el ocultamiento de deuda y pérdidas.
Otra comisión rogatoria que no se ha cumplimentado todavía, según abogados conocedores del procedimiento, fue enviada a Andorra "para averiguar qué activos tienen allí" los miembros de la familia del expresidente Manuel Fernández de Sousa. El juez Ruz ya decidió el 23 de mayo de 2013, nada más arrancar la causa, designar a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como "fuerza policial actuante" y le encomendó la elaboración de un "informe sobre eventuales cambios significativos operados en el patrimonio [de Sousa] y de su entorno familiar durante los años 2012 y 2013 que supongan salidas, pérdidas, transformación o transferencias reales o aparentes de activos. También hay peticiones remitidas a la Isla de Man -este diario no ha podido verificar si se han completado, y que afectan al exconsejero Alfonso Paz-Andrade-, Reino Unido, Portugal y Bélgica.
