El Santander entrega el lunes a los sindicatos la documentación preceptiva al arranque de las negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con el que el principal grupo financiero español aspira a ganar "eficiencia", afrontar el desplome de los márgenes de negocio por los bajos tipos de interés y el despliegue de las nuevas tecnologías. Entre red y servicios centrales, el banco estima una reducción de 1.660 empleos, con impacto también en Galicia. Según la información suministrada a los representantes de los trabajadores, en la dirección territorial que integra la comunidad y la vecina Asturias tras la reorganización de estructura del pasado octubre está prevista la clausura de unas 46 oficinas, el 10,2% de las sucursales que dejarán de funcionar. Eso conllevará una "amortización", en lenguaje de la propia entidad, de 84 puestos en la zona, el 8,6% del total, como recoge el desglose del ajuste al que ha tenido acceso FARO.

El de Galicia será el cuarto mayor recorte de red de todo el país, tras los inicialmente contemplados para Madrid (89 oficinas), Cataluña (62), Murcia (55) y Andalucía (50). Los cierres alcanzan los 450, dentro de la horquilla que Santander anunció a los sindicatos desde el primer momento.

La integración de Banesto colocó al Santander como uno de los bancos con más peso en el sector financiero gallego. Unas 200 oficinas y 1.000 trabajadores, con presencia relevante en ciudades medianas, que era uno de los rasgos distintivos del modelo comercial de su antigua filial y que chocan ahora con el nuevo formato que la cúpula del Santander quiere implantar. De hecho, además de la clausura de oficinas, el grupo quiere integrar 1.000 pequeñas sucursales en otras más grandes -a un ritmo de 350 anuales hasta 2018-, donde las nuevas tecnologías sean las protagonistas.

El redimensionamiento de la capacidad instalada afectará, según la propuesta de Santander, a unos 1.200 efectivos. Aunque, por el momento, los puestos a finiquitar se sitúan en 979. Evidentemente los territorios más tocados serán los que acumularán más cierres de sucursales. El 18,6% de las salidas se ejecutarían en Madrid; el 13% en Murcia; un 12,6% en Cataluña; y el 11,7% en Andalucía. Al excedente calculado por el banco en red hay que añadir las 460 extinciones vinculadas especialmente a los servicios centrales del centro corporativo ubicado en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

Por el momento, Santander plantea la mitad de las salidas vía prejubilaciones a partir de los 58 años y la otra mitad con bajas incentivadas, a razón de 40 días y un máximo de dos años. Habrá, según la primera propuesta de la entidad, traslados forzosos con un destino de hasta 100 kilómetros.

Las centrales sindicales apelan a la cautela mientras revisan la documentación entregada, pero insisten en que la premisa con la que abordan el diálogo no cambió desde que se conocieron los planes del banco durante una reunión entre ambas partes convocada en principio para otro asunto rutinario y la carta que el consejero delegado, José Antonio Álvarez, remitió luego a la plantilla. Los representantes de los trabajadores sostienen que no aceptarán medidas que no sean voluntarias, que las prejubilaciones bajen el techo de edad porque existe una importante cantidad de empleados que podrían acogerse a ellas y que se eche mano de las condiciones con las que se realizó la fusión con Banesto, mejores que las que hay en estos momentos encima de la mesa.