La guerra comercial abierta por el potente lobby holandés de astilleros contra el sector naval español ha vuelto a tropezar con la justicia. El Tribunal de la Unión Europea (TJUE) rechazó ayer un segundo recurso interpuesto por varias asociaciones de constructores navales neerlandeses contra el actual sistema de amortización anticipada para la financiación de activos que utilizan las factorías españolas para contratar buques -el nuevo tax lease- y que fue aprobado por la propia Comisión Europea (CE) en noviembre de 2012, como avanzó ayer FARO en su edición digital. El Alto Tribunal de Luxemburgo ya había desestimado una primera apelación holandesa contra el régimen a finales de 2014. Para Pymar, la sociedad que representa a los pequeños y medianos astilleros españoles, esta nueva sentencia es "inapelable" y demuestra una vez más "la injusta e ilegítima estrategia de acoso y derribo" del lobby neerlandés contra el naval español.

El TJUE había tumbado en primera instancia en diciembre de 2014 el recurso interpuesto por la organización Scheepsbouw Nederland, que agrupa a las patronales Netherlands' Shipbuilding Industry Association (VNSI) y Holland Marine Equipment Association, contra el nuevo tax lease español. Los jueces consideraron entonces carentes de fundamento las alegaciones del lobby holandés, que fue el promotor de la denuncia de 2006 que finalizó con la suspensión del antiguo tax lease y condenó a los astilleros españoles a una sequía contractual sin precedentes, cuyas pérdidas el sector ha cuantificado en más de 2.500 millones de euros. Pese a ese primer fallo, que fue claro y contundente y condenó a los denunciantes a pagar las costas, los astilleros holandeses lograron mantener abierto el litigio mediante un segundo recurso que fue nuevamente rechazado ayer.

La sentencia confirma la resolución dictada en primera instancia y desestima el recurso holandés, que pretendía la anulación del visto bueno Bruselas al nuevo tax lease por motivos meramente procedimentales y formales, a la vez que vuelve a condenar a Scheepsbouw Nederland a pagar las costas. "Recibimos una vez más el apoyo de la justicia comunitaria. La sentencia es inapelable y otorga, si cabe, mayor seguridad jurídica al nuevo sistema español de financiación de activos aplicable a buques", afirmó ayer la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, que apuntó que fallo "vuelve a poner en evidencia la injusta e ilegítima estrategia de acoso y derribo de los astilleros holandeses contra el naval español".

Para Pymar, estos resultados ante la justicia europea reflejan "la acertada estrategia de unidad y cohesión entre todos los agentes del sector naval español, y en particular, a la efectividad del papel de las administraciones central y autonómicas durante todo el proceso". El nuevo tax lease, aprobado por la Comisión en noviembre de 2012, en vigor desde enero de 2013 y bendecido hasta en dos ocasiones por el Alto Tribunal de Luxemburgo, ha permitido hasta la fecha la contratación de 27 buques por un importe conjunto superior a 925 millones de euros, generando más de 6 millones de horas de trabajo (aunque su aplicación en Galicia ha sido prácticamente nula hasta el momento).

La patronal gallega del metal, Asime, coincidió en que la nueva sentencia "proporciona todavía más seguridad jurídica y credibilidad" al sector, e instó tanto a la Comisión como al TJUE a que "tomen nota de las actuaciones perjudiciales que determinados lobbies ejercen y que perjudican la competitividad de las empresas europeas". También el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, celebró la decisión del Alto Tribunal, gracias a la cual el sector naval "tiene más despejado su futuro".

Esta nueva victoria judicial se une a la sentencia del TJUE del pasado 17 de diciembre que dio la razón al Reino de España y a Pymar al confirmar que el antiguo tax lease no constituía una ayuda de Estado tax lease, como dictaminó la Comisión en julio de 2013 a raíz de la primera denuncia holandesa, lo que supuso la paralización de la orden de recuperación de las bonificaciones fiscales que habían obtenido los inversores que habían participado en operaciones de tax lease entre 2007 y 2011, un fallo que también ha sido recurrido por Bruselas y cuya resolución podría ser inminente.

Contraataque

En pleno acoso holandés, las asociaciones españolas del sector naval Aclunaga y Foro Marítimo Vasco interpusieron en diciembre de 2012 una denuncia ante la Comisión contra el sistema de ayudas de los Países Bajos a sus astilleros, que, tres años y cuatro meses después, sigue sin respuesta. Según declaró recientemente a FARO el presidente de Aclunaga, Marcos Freire, "las últimas noticias que nos llegan es que Bruselas no encuentra la base que nosotros hemos aportado y el sustento como para iniciar un procedimiento". Los denunciantes ya tuvieron que enviar documentación adicional al no observar la Comisión en una primera fase indicios de prácticas anticompetitivas. Aclunaga confía en que este año la Comisión inicie el procedimiento de investigación del sistema de incentivos fiscales neerlandés; se ponga fin a la inseguridad jurídica y se garantice "la leal competencia dentro del ámbito comunitario".