"La cantidad pendiente de reintegrar por la CEG en relación a las anualidades 2012,2013 y Addenda 2014 [tres meses] es de 648.985,78 euros". Es la resolución del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) firmada por su director general, Javier Aguilera, y que ha dado la puntilla a la patronal gallega en su peor momento, con una deuda que supera el millón de euros -sin contar con esta notificación- y quebrada institucionalmente. Se trata de un expediente de incumplimiento parcial del Plan Pexga, ideado para favorecer la internacionalización de las empresas gallegas pero que se utilizó irregularmente de manera reiterada. En total, la CEG imputó gastos por 832.870,11 euros con cargo a fondos públicos que el Igape no ha aceptado por considerar que no se utilizaron para los fines estipulados en el convenio.

De esta cantidad, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso FARO, la patronal gallega devolvió en 2014 -durante el mandato de José Manuel Fernández Alvariño- 183.884 euros, de ahí que lo que el Igape reclame ahora sean esos casi 649.000 euros. Entre los empresarios consideran que el Ejecutivo gallego "no tiene razón" al no aceptar la totalidad de los gastos que la CEG trató de cargar al plan Pexga, y por eso apuestan por formalizar un recurso de reposición, pero admiten también que ciertas partidas "no tienen explicación". Entre los gastos que la patronal gallega quiso imputar al Igape hay un viaje a Brasil para 24 personas -durante el mandato de Antonio Fontenla, según fuentes empresariales- y que costó unos 80.000 euros. Por eso el Igape incide en su resolución final en por qué "hay gastos no admitidos y la causa de su inadmisión".

En el año 2012 la CEG disponía de más de cuatro millones de euros para el Pexga, de los que la mitad eran una remanente del anticipo del ejercicio anterior. Alegó ante el Igape gastos por 2,915 millones de euros, pero el Gobierno gallego rechazó pagar 362.028 euros. La mayor parte (casi 201.000 euros) aparecen en el apéndice de "gastos no aceptados", y otros 161.000 son "gastos de estructura" no aceptados. Fuentes próximas al Igape indicaron que, por convenio, la CEG podía cargar al Pexga un porcentaje fijo de los gastos en concepto de "estructura", pero "en vez del 3% pasaban el ocho, el nueve o el diez por ciento". Para mantener las estructuras del Pexga podían imputar un sobrecoste del 3%, por un 8% para el caso del Servicio de Licitaciones Internacionales (Salt).

Solo entre 2012 y 2013 -el propio Igape atribuye a la etapa de Fontenla el grueso de las irregularidades- la CEG cargó al programa Pexga más de 317.000 euros que el Igape no acepta como válidos, y otros 250.000 euros para "gastos estructurales" no válidos. En 2014, ya con el vigués Alvariño como patrón de los empresarios gallegos, por estos mismos conceptos la Xunta reclama la devolución de casi 40.000 euros. Los 832.870 euros que el Igape exigió a la patronal gallega superaban inicialmente el millón de euros, aunque el equipo de Alvariño -siempre según fuentes próximas al Igape- rebajara esta sanción en 361.730 euros.

La notificación final del organismo que dirige Javier Aguilera tiene fecha del 16 de marzo y entró en la CEG la semana pasada, con lo que ahora la patronal tiene un mes para presentar un recurso de reposición -con pocos visos de prosperar- y otros 60 días para interponer un recurso contencioso-administrativo. Ahora será el nuevo líder de la CEG, Antonio Dieter Moure, quien deberá lidiar con esta herencia.