La Comisión Europea presentó ayer un informe preliminar sobre la investigación sectorial de las ayudas públicas que conceden España y otros diez países a las compañías eléctricas para garantizar la seguridad de suministro (los llamados mecanismos de capacidad), en el que advierte de que existen "deficiencias significativas". En concreto, Bruselas considera que la mayoría de los países, como España, Alemania, Irlanda, Italia, Polonia y Portugal, tienen mecanismos en los que el precio que se paga por la capacidad eléctrica lo fija el estado miembro o es negociado con el suministrador, en vez de ser establecido por el propio mercado. Esto, denuncia la CE, tiene el riesgo de favorecer los sobrepagos y, por tanto, de estar subvencionando a los suministradores de energía.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por su parte, alerta de que las tarifas de electricidad, según su cálculos, pueden registrar unas diferencias de hasta 111 euros al año por un servicio similar.
