Empresas como Abengoa, ahora en preconcurso de acreedores, vieron en 2007 un gran negocio en el sol. Otros, como buena parte de las alrededor de 2.500 familias gallegas atrapadas por el desenlace de la burbuja fotovoltaica, creyeron ver en la energía solar un complemento para la jubilación y terminaron endeudados y en ocasiones amenazados de embargo. La de estos inversores es una historia que en algunos aspectos remite a lo ocurrido con la banca con las participaciones preferentes o con la salida a Bolsa de Bankia, aunque en su caso la exigencia de responsabilidades está más dirigida al Gobierno y por ahora no encuentra una respuesta favorable en los tribunales de Justicia.
La burbuja fotovoltaica se formó entre 2007 y 2008 y resultó de la combinación de una regulación fallida que alentó la especulación y un intenso movimiento de capitales hacia la inversión en la energía solar ante los grandes rendimientos que se garantizaban a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) y cuando el furor inmobiliario iniciaba el desplome.
En el contexto de los objetivos que marcaba Europa para aumentar el peso de las renovables en la dieta energética, el Ministerio de Industria del primer Gobierno de Zapatero lanzó el denominado Real Decreto 661/2007. En menos de un año se infló la burbuja. El Gobierno ofreció un incentivo (442 euros por megavatio producido durante 30 años o más) para alcanzar el objetivo de instalar 371 megavatios de potencia y la norma añadía que cuando se alcanzara el 85% del objetivo se mantendrían los mismos niveles de ayudas para los nuevos proyectos que se recibieran en el plazo de un año, mientras se preparaba otra norma presumiblemente menos generosa. En agosto de 2007 se alcanzó el objetivo de la planificación energética y en unos meses más el Gobierno dio a conocer un borrador para el siguiente decreto que, efectivamente, confirmaba que a partir de septiembre de 2008 las primas serían sustancialmente más bajas; así que, movidos por ese estímulo y por una regulación tan imperfecta que no fijaba límites a la potencia a instalar, los promotores tramitaron centenares de proyectos más antes de que, en septiembre de 2008, entrara en vigor el decreto más restrictivo.
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En pocos meses, se había pasado de un objetivo de 371 megavatios a autorizar más de 3.000. El impacto sobre los costes de la tarifa eléctrica, soportados por los hogares y las empresas, puede resumirse en datos como los siguientes: las plantas fotovoltaicas recibieron en cada uno de los años siguientes más de 2.500 millones en primas pese a cubrir menos del 3% de la demanda. Grandes promotoras como Abengoa y Acciona estuvieron a la cabeza de un desarrollo fotovoltaico que alentó la aparición de un subsector industrial de fabricación y montaje con miles de empleos. Pero el sol también atrajo a pequeños inversores. "Decenas de miles de familias españolas pusieron sus ahorros o pidieron créditos para tener pequeños huertos solares o participaciones que enfocaron como si fueran planes de pensiones", explica Fernando de la Hoz, directivo de la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier), plataforma que intenta hacer valer los derechos de esos ahorradores. El secretario, asesor legal y directivo gallego de la organización, Juan Castro-Gil Amigo, aclara que en el caso de Galicia las familias afectadas son unas 2.500, con unos 800 millones -del total de 20.000 en España- invertidos en plantas fotovoltaicas.
La apuesta por esa especie de seguro de vejez se extendió por varios canales, incluidos los bancos. El producto puede describirse así, según explican los responsables de Anpier: el inversor destinaba sus ahorros a instalar un huerto solar o a participar en uno junto a otros; con mucha frecuencia, pedía dinero prestado al banco para afrontar un desembolso que por término medio solía rondar los 100.000 euros; la altísima rentabilidad garantizada por las normas de Industria (en torno al 12%), permitían amortizar el 80% del crédito en un plazo de 12 a 15 años; a partir de entonces, el ahorrador obtendría un rendimiento mensual con la retribución de la energía producida.
En ello se embarcaron unas 62.000 familias españolas, según cálculos de la organización. El perfil de los afectados gallegos, según Castro-Gil, es el siguiente: "Como en el resto del país, gente de clase media (funcionarios, autónomos, pequeños empresarios, pensionistas, agricultores y ganaderos con ahorros) que en lugar de comprar acciones o meterse en las preferentes, y movida a veces por la sensibilidad con el cambio climático, apostó por esta inversión para disponer en el futuro de un complemento a sus ingresos".
Ahora esos ahorradores están entre los damnificados por los cambios regulatorios que, sobre todo a partir de 2013, hicieron que la burbuja explotara. El Gobierno de Zapatero, con Sebastián al frente de Industria, tomó las primeras medidas para ajustar el enorme gasto en incentivos a las renovables, que contribuyó a disparar el llamado "déficit tarifario". Pero lo más drástico llegó con el PP y el ministro Soria. Su reforma energética sustituyó el régimen de primas por otra forma de retribución "razonable": un máximo del 7% sobre la inversión. El recorte metió en problemas financieros a los pequeños inversores. La capacidad de amortizar los préstamos con la retribución que prometía el BOE desapareció y ahora tienen que destinar a ello otras rentas bajo la amenaza de embargo de los bienes que aportaron como garantía.
