Los damnificados por el estallido de la burbuja de la energía solar fotovoltaica miran a los tribunales de Justicia, donde por ahora no hay fallos favorables ni siquiera para los grandes fondos de inversión que demandaron al Gobierno en las cortes de arbitraje internacional. Los ahorradores están pendientes de los tribunales nacionales y de la UE. Su argumento central es que la Administración central "vulneró las expectativas legítimas" de quienes se aventuraron a invertir en energía solar fotovoltaica asidos a unas promesas de apariencia tan solvente como las letras impresas del BOE.

Muchos de los afectados están amenazados de embargo y, a menudo, muchos de ellos están teniendo que renegociar la deuda ante la imposibilidad de pagar y los fondos buitre sobrevuelan los restos de la burbuja intentando quedárselos a bajo precio.

En Galicia apenas hay instalaciones fotovoltaicas instaladas -unas 700, con 16 megavatios (MW) de potencia, de un total de casi 4.700 en España-, por lo que la mayoría de quienes confiaron sus ahorros a la energía solar desde Galicia lo hicieron mediante la suscripción de participaciones en pequeños complejos repartidos por el resto de España, principalmente en Castilla y León y Extremadura.