La frágil situación económica de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), que en la propia casa tachan de "dramática", ha forzado a su presidente a plantear el despido de cinco de sus 18 trabajadores. La máxima institución empresarial de Galicia acarrea unos gastos mensuales que superan los 200.000 euros y que no puede permitirse, según fuentes de la organización. Se trata de empleados con "mucha antigüedad", salarios "elevados" y cuya rescisión de contratos costará a la CEG, de acuerdo a sus cálculos, en torno a unos 100.000 euros. Esta propuesta se hizo oficial en la Comisión de Economía, donde volvió a quedar de manifiesto que la patronal gallega urge una renegociación de la hipoteca sobre la sede de Santiago y una póliza de crédito o línea de liquidez para atender a las nóminas de abril o los pagos del Plan Pexga. No es la primera vez que la CEG alivia su cuadro de personal, que pasó de 43 a 18 personas durante el efímero mandato de José Manuel Fernández Alvariño.

El patrón de la CEG, Antonio Dieter Moure, ha convocado ya de manera extraordinaria al Comité Ejecutivo para el próximo lunes para poder formalizar el pago de las nóminas de marzo y la cuota hipotecaria de diciembre. Solo esta última partida se come 80.000 euros trimestrales y la patronal adeuda una letra a los bancos. Una vez se abonen estos dos conceptos -ya con la firma de Moure, porque todavía no tiene tesorero y contador- la CEG se quedará sin liquidez, como constatan a FARO fuentes de la patronal. Desde la llegada del ourensano al puesto, el 15 de enero, la confederación ha funcionado con una remanente y el ingreso de una subvención estatal de más de 600.000 euros, que se agotará la próxima semana.

La estrategia de Dieter Moure pasa por refinanciar la deuda con los bancos -asciende a 300.000 euros-, para lo que deberá presentar a las entidades unas cuentas aprobadas. El problema es que la asamblea de la CEG no ha validado ni las de 2014 ni las de 2015, un bloqueo que forzó la salida de Alvariño. "Si no hay cuentas no se puede renegociar la hipoteca ni solicitar una póliza de crédito", constatan en la patronal. La encrucijada en la que se encuentra el ourensano podría producir una paradoja: podría tener que defender las cuentas del vigués, las mismas que él criticó, y solicitar el apoyo de confederaciones que no las respaldaron como la de A Coruña, Ourense, Lugo y buena parte de las sectoriales.

Otra cuestión que puede perjudicar al nuevo presidente es la motivación para ejecutar los despidos previstos, ya que la CEG cerró 2014 y 2015 sin pérdidas, de acuerdo a empresarios próximos a Alvariño. Esto podría elevar el coste de las indemnizaciones si no argumenta causas organizativas o productivas para prescindir de esos cinco trabajadores, que pasarían de ser procedentes a improcendentes. Alvariño había tanteado la posibilidad de negociar una bajada salarial de los 18 empleados pero esa opción nunca llegó a materializarse y ahora la CEG no puede sostener su estructura actual.