El pulso de Bruselas al sector naval español por el antiguo tax lease (el anterior sistema de bonificaciones fiscales que usaban los astilleros para contratar barcos) continúa. La Comisión Europea confirmó ayer que el pasado viernes entregó su apelación a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (TUE) de Luxemburgo que declaró legal el viejo tax lease, como reclamaban el Estado español, los astilleros y los inversores. El fallo, del pasado 17 de diciembre (a raíz de dos recursos del Reino de España y de las sociedades Pymar y Lico Leasing), anulaba el dictamen de la Comisión de julio de 2013 que obligaba a los inversores que habían participado en operaciones de tax lease entre los años 2007 y 2011 a reembolsar las ayudas recibidas. El recurso de Bruselas ante la Corte Suprema no afecta al proceso de devolución de las ayudas, que fue anulado por el TUE, como avanzó ayer FARO en su edición digital.
Bruselas agotó finalmente los plazos para apelar la decisión del TUE. La Comisión disponía de dos meses y diez días suplementarios tras la comunicación de la sentencia (el pasado 17 de diciembre) para recurrir, y no fue hasta este viernes cuando entregó su escrito de apelación, según indicaron fuentes comunitarias.
Sin efecto sobre el sector
En la práctica, el recurso de Bruselas no tiene efecto alguno sobre el sector, ya que hasta que la Corte Suprema dicte nueva sentencia sobre el caso, el fallo del TUE se impone al dictamen de la Comisión, es decir, que el viejo tax lease era legal y por tanto no hay obligación alguna de reembolsar las bonificaciones fiscales obtenidas. Aunque de cara a la imagen del sector, la apelación mantiene abierta una batalla que arrancó en 2011 y afectó negativamente a los intereses de los astilleros españoles. Directa e indirectamente, la crisis del tax lease estuvo presente en el cierre de seis históricas factorías (Unión Naval de Valencia, Factorías Juliana, MCíes, Astilleros de Sevilla, Astilleros de Huelva y Unión Naval de Barcelona), en el concurso de acreedores de al menos otras dos (Hijos de J. Barreras y Factorías Vulcano), en la quiebra de decenas de auxiliares y en la destrucción de miles de empleos (unos 8.000 solo en las rías de Vigo y Pontevedra, según cálculos de los sindicatos).
Fuentes próximas a los astilleros y a los inversores consultadas por este periódico ya daban por hecho que Bruselas recurriría la sentencia del tribunal de Luxemburgo. Las mismas fuentes argumentaban que no tendría sentido que la Comisión sí haya recurrido el fallo también contrario de Luxemburgo sobre las ayudas fiscales concedidas por España a las multinacionales nacionales por comprar empresas extranjeras, por considerarlas selectivas e ilegales, y renuncie en el caso del tax lease.
Los astilleros cuentan hoy con un nuevo régimen de arrendamiento financiero que sí cuenta con el visto bueno de Bruselas y que también fue bendecido por la justicia europea, y que ya ha permitido la firma de importantes contratos en el País Vasco y en Asturias, principalmente.
