Bruselas agotará el plazo para presentar su recurso contra la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (TUE) que dio la razón a España y a los astilleros nacionales y declaró legal el antiguo régimen de bonificaciones fiscales del sector naval, el anterior tax lease. Fuentes del sector dan por hecho que la Comisión Europea (CE), que en 2013 condenó a los inversores que habían participado en las operaciones de tax lease entre 2007 y 2011 a devolver las ayudas recibidas, entregará su apelación ante la Corte Suprema el próximo lunes, último día posible para recurrir. La Comisión disponía a priori de dos meses tras la comunicación del fallo (el pasado 17 de diciembre) para presentar recurso, a los que sumaba un periodo de diez días "suplementarios", como avanzó FARO.

Fuentes consultadas por este periódico creen que Bruselas finalmente recurrirá la sentencia del tribunal de Luxemburgo. Esta posible apelación no afectaría al proceso de reembolso de las bonificaciones fiscales obtenidas por los inversores, anulado por el fallo del TUE. El dictamen de Bruselas de julio de 2013 obligaba a estos inversores a devolver las ayudas y eximía a astilleros y compañías navieras y armadores.

Las mismas fuentes explican que no tendría sentido que la Comisión sí haya recurrido el fallo también contrario de Luxemburgo sobre las ayudas fiscales concedidas por España a las multinacionales nacionales por comprar empresas extranjeras (este régimen permitía a las compañías la amortización durante 20 años del fondo de comercio financiero la diferencia entre el coste de las participaciones de una empresa y el valor de mercado de sus activos en la adquisición de participaciones en firmas extranjeras), por considerarlas selectivas e ilegales, y renuncie en el caso del tax lease.

De cumplirse esta previsión, será finalmente la Corte Suprema la que decida si el antiguo tax lease era legal o no. Directa e indirectamente, la crisis del tax lease estuvo presente en el cierre de seis históricos astilleros (Unión Naval de Valencia, Factorías Juliana, MCíes, Astilleros de Sevilla, Astilleros de Huelva y Unión Naval de Barcelona), en el concurso de acreedores de al menos otras dos factorías navales (Hijos de J. Barreras y Factorías Vulcano), en la quiebra de decenas de empresas auxiliares y en la destrucción de miles de puestos de empleo. Los astilleros cuentan hoy con un nuevo régimen de arrendamiento financiero que sí cuenta con el visto bueno de Bruselas y que también fue bendecido por la justicia europea, y que ya ha permitido la firma de importantes contratos en el País Vasco y en Asturias, principalmente.