La activación "sin previo aviso" por parte de la banca de un crédito de 125 millones en favor de Nueva Pescanova ha alimentado la enésima pugna entre los antiguos socios y las entidades financieras, y la más beligerante desde el mes de septiembre a raíz del reparto de la tarta accionarial. Pescanova SA, dueña del 20% del holding pesquero, remitió ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un hecho relevante para denunciar que desconocía la puesta en marcha de una línea de financiación que podría dejar a cero el patrimonio de la compañía, estimado en casi 70 millones de euros, a costa de engordar la caja de los bancos. Un crédito de 125 millones al 15% de interés para circulante y del que se usaron ya casi 83,5 millones de euros. "Lo que han conseguido es resarcirse de sus quitas", arremetieron ayer a FARO fuentes del consejo, que condenan asimismo que Nueva Pescanova haya activado el crédito sin tener un consejo de administración y solo con la firma de Jacobo González-Robatto como administrador único.
Desde la antigua matriz manifestaron a FARO que la pesquera se financiaba mes a mes con líneas de liquidez de en torno a 100 millones de euros al 5% de interés hasta el desembarco de la banca acreedora en Chapela, con lo que la entrada en vigor de este crédito (supersenior, ya que tiene preferencia sobre todas las demás deudas a pagar) encarece la financiación un 200%. Pescanova SA quiere saber, y así lo manifestó ayer al mercado, qué razones ha tenido la banca para activar este préstamo para no continuar utilizando otros más económicos. Desde la multinacional, por su parte, aseguran que existe una cláusula que impedía a Nueva Pescanova echar mano de cualquier otra línea de financiación que no fuera esta, aunque sea manifiestamente más cara.
En concreto se amparan en el punto 3.6 del contrato entre el G7 (Sabadell, Popular, Abanca, Bankia, CaixaBank, BBVA y UBI Banca) y Pescanova, firmado por el expresidente Juan Manuel Urgoiti y la administración concursal (Deloitte) en abril de 2014. "Nueva Pescanova no podía recurrir a financiación alternativa hasta la firma del crédito supersenior", que conlleva una especie de canon adicional de 300 millones de euros en favor de los bancos que participen de él. Lo que no se ha explicado por parte de la pesquera es por qué el crédito sí se tuvo que activar el 29 de diciembre mientras que el antiguo consejo pudo trabajar con líneas de circulante sustitutivas. Teniendo en cuenta que por cada euro que utilice Nueva Pescanova tiene que devolver 2,4 adicionales y el interés del 15%, los 83,448 millones de euros ya dispuestos se han convertido de forma automática en una deuda de más de 296 millones a pagar en veinte años. Y, pese a que la previsión es que la compañía eleve su facturación, cerró el primer semestre de 2015 con pérdidas de casi 25 millones de euros.
Precedente
¿De dónde viene este crédito supersenior? De la propuesta de convenio abanderada por Damm, Luxempart y respaldada por los fondos Kohlberg Kravis Roberts (KKR) y Ergon Capital Partners. Las similitudes entre el que propusieron estos aliados y el actual son muchas: cantidad, interés, disposición (dos años), vencimiento (siete) y objetivo (flujos de caja operativos y circulante y capex). El 30% de los 125 millones los aportaría este consorcio, y el 70% restante las acreedoras que así lo deseasen. Pero la banca rechazó apoyar la propuesta de Damm por las elevadas quitas e introdujo sus cambios, comunicados oficialmente el 28 de abril de 2014 a través de la CNMV.
En el de Damm el crédito supersenior conllevaba el pago de 6,2 millones en favor del grupo cervecero y Luxempart en concepto de "comisión", que tendrían que comprometerse en el momento de la firma de la oferta de financiación. Eso sí, sería una deuda subordinada -el pasivo concursal tendría preferencia- y podía convertirse en acciones. El texto de la propuesta de convenio no desvelaba a cuánto ascendía la comisión de aseguramiento, pero no decía nada de que fuera exclusiva. El G7 modificó el texto para introducir una "contraprestación" para los acreedores "por las quitas y esperas planteadas en el convenio", de 1.860 millones de euros. A cambio, como publicó FARO, los bancos se comprometieron a pagar a Damm y Luxempart "un máximo de tres millones de euros por los gastos incurridos" en la elaboración de la propuesta de convenio" en 2014, un pago que no se conocería hasta un año después.
