La polémica de las "puertas giratorias" ha salpicado de lleno a Nueva Pescanova después de que ayer trascendiera el fichaje de la que fue vicepresidenta económica del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la ourensana Elena Salgado, como miembro del futuro consejo de administración de la multinacional pesquera viguesa a propuesta de los bancos del G7. La incorporación de Salgado coincidirá con la de otra exministra socialista, Trinidad Jiménez, a Telefónica, lo que ha desatado las críticas de formaciones como Podemos y ha puesto en cuestión la norma "anti puertas giratorias" del programa reformista del líder del PSOE, Pedro Sánchez. "El papel a veces se lo lleva el viento", censuró el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sobre ambos nombramientos.
Según la norma impulsada por Sánchez, los altos cargos del Gobierno no podrán incorporarse durante un periodo de cinco años "ex novo a empresas del sector sobre el que no tenían experiencia profesional previa y sobre el que hayan tenido responsabilidad de regulación o gestión". Tanto la exvicepresidenta gallega del Gobierno como la exministra dejaron su cargo hace cuatro años, por lo que si se aplicara la nueva norma tendrían que esperar hasta el próximo mes de diciembre.
Por "puertas giratorias" se conoce popularmente al movimiento de altos cargos entre el sector público, el sector privado y viceversa, y son objeto frecuente de críticas entre partidos políticos. Ayer mismo, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, censuró que "el papel a veces se lo lleva el viento" antes de afear al PSOE que la exvicepresidenta Salgado vaya a entrar en el consejo de Nueva Pescanova y que la exministra Jiménez haya fichado por Telefónica. También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se refirió a ambos casos, aunque en su caso para reconocer que no se incumple la ley.
La ley española sobre incompatibilidades de los altos cargos determina que los afectados por la norma (miembros del Gobierno, responsables de empresas públicas y de organismos reguladores, entre otros) no podrán fichar por empresas del sector privado afectadas por decisiones en las que hayan participado en el plazo de los dos años siguientes al cese. El seguimiento de ese requisito es cometido de la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la que los altos cargos deben comunicar sus planes de trabajo en el sector privado dentro del citado plazo. Otros países establecen "cuarentenas" semejantes: tres años en Francia, dos en Gran Bretaña y uno en Irlanda, por ejemplo.
En España, en cambio, no está regulada la acción de los "lobbies", grupos de interés que intentan influir sobre las decisiones de gobernantes y legisladores. Según la organización Transparencia Internacional, Italia, Portugal y España los países europeos donde las prácticas de "lobby" y los vínculos entre el sector público y el financiero presentan más riesgos.
Resto del consejo
La ourensana Elena Salgado completará el máximo órgano de gobierno de la pesquera viguesa, en la que la banca ha ejecutado ya varios cambios en la cúpula directiva, a la espera únicamente de incorporar un nuevo director financiero. Además de Salgado, también ocupará un asiento en el consejo Antonio Couceiro, ex director general de Begano y actual consejero de Inveravante, la firma a través de la que canaliza sus inversiones el coruñés Manuel Jove, quien había sido una persona destacada en el PP del fraguismo, como avanzó FARO.
Junto a Salgado y Couceiro, las otras seis personas que ha consensuado la banca que controla la pesquera viguesa y que ya han aceptado son Óscar García Maceiras, asesor legal de la Sareb; Ramón Mas, un hombre vinculado a la familia catalana de los Lara; Mariano Riestra, exalto cargo en el banco alemán Commerzbank; Fernando Valdés, ex de Campofrío, donde coincidió con Ignacio González, el nuevo consejero delegado; José Luis Sáenz de Miera, expresidente de Cementos Portland; y José Barreiro, que ostentó altos cargos en BBVA.
Para completar este órgano faltan otros dos consejeros que colocarán los pequeños accionistas, teniendo en cuenta que la banca tiene el 80% de Nueva Pescanova. Con toda probabilidad serán Diego Fontán, marido de Carolina Masaveu, accionista de referencia en Pescanova, y Alejandro Legarda.
