Algunos indicadores de la economía española empiezan a remontar tras tocar suelo o techo y apuntan a que la situación mejora respecto a los años más duros de la crisis. Es el caso de las insolvencias y concursos de acreedores, que tras marcar máximos en los últimos ejercicios, el año pasado descendieron considerablemente, lo que también derivó en un retroceso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presentados por las empresas.
La mejoría en el ámbito empresarial beneficia indirectamente a las arcas del Estado y a organismos adscritos al Ejecutivo central como el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que se hace cargo de los salarios e indemnizaciones por despido que las compañías insolventes no pueden afrontar. Los pagos realizados por este ente autónomo durante 2015 descendieron a la mitad, de los 2.288 millones desembolsados en 2014 a los 1.136 del pasado ejercicio.
En el caso de Galicia, el gasto del Fogasa bajó casi un 40%, de los 135 millones abonados en 2014 a los 82,6 del año pasado, lo que supone además el primer descenso en la comunidad gallega -en España ya había caído en 2013- desde el inicio de la crisis.
Dos tercios (54,7 millones) del desembolso realizado por el Fondo de Garantía Salarial en Galicia en 2015 tenían como destino el pago de indemnizaciones por despido de trabajadores, mientras que el 33% restante correspondía a salarios adeudados. El organismo tramitó en la comunidad gallega un total de 8.628 expedientes, vinculados con 3.338 empresas y que permitieron a 12.346 profesionales cobrar las cantidades que les debían las compañías para las que trabajaban.
Total nacional
En el conjunto de España los pagos del Fogasa se reparten casi en la misma proporción que en Galicia entre salarios (385 millones) e indemnizaciones (751 millones). La actuación del organismo adscrito el Ministerio de Empleo permitió cobrar a 106.407 trabajadores que eran acreedores de sus empresas, con un total de 43.112 firmas involucradas en los 114.242 expedientes resueltos durante el pasado ejercicio.
