"Vergüenza absoluta", "atentado contra el medio ambiente, los derechos de los pontevedreses y el futuro de nuestra ría" o "hipocresía política". El alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, no ahorró descalificativos para el Ejecutivo que encabeza en funciones Mariano Rajoy ni para el gobierno de la Xunta un día después de que se conociese la noticia de la prórroga a Ence por otros 60 años en terrenos de dominio público en la ría. En el que reconoció que es "uno de los peores días que he pasado como alcalde", el regidor anunció una batería de medidas "para que esta decisión no sea firme", acudiendo para ello a la vía política, administrativa, judicial y a la movilización social.

"En Galicia no decidimos nada, en la Xunta son unos inútiles", protestó, y aquí "deciden los consejos de administración de las empresas. Este es un país rico, pero esto es malvivir... Los hijos de los trabajadores de Ence emigran como los demás, en este país no hay una política de empleo".

Fernández Lores fue el primero en exponer públicamente una acusación que partidos, fundaciones, asociaciones vecinales, ecologistas y culturales que se oponen a Ence repitieron a lo largo de toda la jornada, la de que el gobierno del Estado está dispuesto a enriquecer a una élite financiera sin importar que se esté hipotecando el futuro de la ría durante casi todo este siglo ni que suponga un agravio comparativo con todas las demás empresas a las que no se les permitiría ocupar terrenos públicos.

"El Gobierno acaba de regalarle a la empresa privada Ence más de 1.000 millones", denunció Fernández Lores para referirse a una decisión que calificó de "descentralizada y antidemocrática".

"Esa peste"

Es la acusación más repetida, que el Ejecutivo abandona a Pontevedra contra la mayoría social representada por el Concello y la Diputación aprobando en tiempo de descuento una prórroga que es recurrible y sin ni siquiera asegurar que aquí se cerrará el ciclo del papel.

Denuncian que Pontevedra soporta la contaminación y el más o menos disimulado mal olor (el alcalde hablaba asqueado de "ese adefesio ahí" y "esa peste" que afea la imagen internacional de la ciudad) sin cuando menos los beneficios laborales y económicos derivados de un cierre del ciclo.

Y si ese cierre productivo se considera una deuda histórica por saldar con Galicia, menos todavía ayuda al buen nombre de Ence que tribute en Madrid.

La exministra de Medio Ambiente Isabel Tocino o el polémico exconselleiro de Medio Ambiente durante la catástrofe del "Prestige", Carlos del Álamo, son algunos de los que se benefician de las puertas giratorias, denuncian los ecologistas y Marea, y que hoy se sientan en el consejo de administración de Ence.

"Después hablamos de pequeñas corrupciones", denunció, y no de los "miles de millones de euros" que la operación supone para Ence mientras "otros empresarios han de buscarse la vida y pagarse terrenos industriales", un agravio comparativo que recordaban ayer distintos colectivos y partidos que integran la plataforma Ence Fóra.

Tampoco ayuda que tras conocerse la noticia de la prórroga la empresa subiese en las primeras horas 6,62 puntos en Bolsa, un crecimiento que continuó durante la jornada de ayer, 3,19 puntos más cuando se cumplían unas 24 horas del anuncio de la concesión. "Hacer dinero a costa de lo que sea", protestaban los ecologistas.