Los sindicatos quieren poner punto y final al conflicto del antiguo tax lease y el próximo jueves solicitarán a la responsable de Industria de la Comisión Europea, Elzbieta Bienkowska, que interceda para que Bruselas no recurra la sentencia del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea que declaró el pasado 17 de diciembre legal el antiguo sistema de bonificaciones fiscales usado por los astilleros españoles hasta 2011, anulando el dictamen de la Comisión de julio de 2013. Las centrales acudirán directamente a la capital europea para trasladar su preocupación por una posible apelación al fallo, según explicó Ramón Sarmiento, de CC OO-Industria, que ocupa la presidencia temporal del Comité de Diálogo Social de Construcción Naval.
Los sindicatos argumentan que la apertura del procedimiento en 2011 tuvo efectos "demoledores" sobre el tejido industrial español, con la pérdida de más de 22.000 empleos directos, la desaparición de seis astilleros y el cierre de más de 300 empresas auxiliares, a lo que se suma una sequía de contratos durante el periodo 2011-2013. "Hoy, las empresas que evitaron su desaparición están restaurando la confianza de clientes y colaboradores, un proceso paulatino y lento y con una débil recuperación de actividad y empleo", aseguran. "Aunque su organismo es competente para apelar ante el tribunal de la UE, solicitamos que contribuya a poner fin a este proceso desestimando la vía de la apelación", concluyen.
Este proceso -apunta- ha movilizado a las organizaciones empresariales y sindicales (SEA Europe e IndustriALL) para "aunar posiciones que faciliten el mantenimiento y desarrollo de la actividad marítima en nuestro continente".
Los sindicatos también entregarán un escrito al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Desde Bruselas reiteraron ayer que la Comisión "va a proceder a examinar la sentencia así como sus potenciales implicaciones", para lo que dispone de dos meses de plazo desde la comunicación del fallo.
