El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, un texto que supone culminar el proceso de adaptación a la unión bancaria europea de la normativa española y que ofrece una mayor protección a los depositantes.
El real decreto aborda los aspectos de procedimiento y contenido en la fase previa a la resolución de una entidad financiera para permitir una intervención temprana que la evite y los protocolos de actuación en caso de resolución. Además, desarrolla el funcionamiento del FROB como Autoridad Nacional de Resolución y las contribuciones de las entidades al Fondo de Resolución Nacional y al Fondo de Garantía de Depósitos.
El nuevo marco de resolución supone que las entidades abocadas a una resolución cuenten con más fondos para abordarla gracias a la mutualización de los costes a través del Fondo Único de Resolución Europeo.
