El conflicto abierto en la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) por el resultado de las últimas elecciones irá finalmente a juicio. La vista de conciliación celebrada ayer en el juzgado de Primera Instancia nº1 de Vigo entre la parte demandante (una decena de asociaciones empresariales y varios directivos de la CEP) y la demandada (la propia Confederación) finalizó sin acuerdo. La juez María Isabel Castro Martínez ha fijado la fecha del juicio para el próximo 1 de octubre (también solicitó que se reservase la sala para el día 2 por si la vista se extiende), y ha aceptado como pruebas testificales de ambas partes a 21 personas, entre ellas, al anterior presidente de la Confederación, Luís Novoa.

En la vista de ayer se valoraron distintas pruebas aportadas y la juez aclaró que el juicio servirá para determinar la validez de las delegaciones de voto que la parte demandante considera "irregulares" o "dudosas" y si la mesa electoral cumplió su misión con garante de la legalidad del proceso electoral del pasado febrero. Una de las incidencias apuntadas por la parte demandante y que se ha tenido en cuenta es el caso de un vocal que ejerció su derecho a voto dos veces, según indicaron fuentes próximas al proceso. Se ha rechazado, por contra, la petición de realizar pruebas caligráficas de las firmas de algunas delegaciones de voto.

En total, la juez aceptó como pruebas los testimonios de 21 personas, que prestarán declaración el próximo día 1 de octubre. Once de esos testigos son compartidos por la parte demandante y la demandada. A mayores, la CEP solicitó el testimonio de otras seis personas, y la parte demandante, de otras cuatro. Ésta pide la impugnación de los resultados de las elecciones a presidente y a las vicepresidencias de territoriales y servicios.

En conflicto en la CEP viene de las elecciones del pasado 26 de febrero, en las que el nuevo presidente, Jorge Cebreiros, se impuso a Novoa por una diferencia de tres votos. Organizaciones como Asime, Aceca, AJE-Vigo, Asextra, Asetranspo, Atra, Instalectra, Cesce y Asociación-Industria Química denunciaron entonces la existencia de supuestas delegaciones de voto "irregulares" o "dudosas" y de incoherencias como la del acta electoral del 26 de febrero, que recoge 261 votos de un total de 258 posibles.