Todas las empresas que formen parte de cada una de las nueve demarcaciones camerales gallegas -la institución de Ferrol está ahora en fase de disolución- estarán representadas por estos organismos de carácter público sin tener que abonar cuotas por el principio de "adscripción universal". Pero aquellas que realicen mayores aportaciones económicas voluntarias a las cámaras tendrán consideración de vocales en el pleno, el órgano supremo de decisión de estas instituciones. Así lo establece el proyecto de orden elaborado por la Consellería de Economía e Industria que modifica otra de abril de 1997 "por la que se determinan los criterios a seguir por las cámaras gallegas para la elaboración de sus censos electorales".
Según explicaron desde la Xunta, esta propuesta se elaboró "en diálogo" con los entes camerales gallegos y se encuentra todavía en fase de audiencia y exposición pública. El Gobierno central modificó la ley de Cámaras de Comercio en abril del año pasado, y el Ejecutivo gallego adaptó esta norma a la legislación autonómica el 22 de diciembre (y entró en vigor el 1 de enero). Lo que hace ahora la Xunta es desarrollar parte del contenido de la norma estatal y autonómica en una orden específica sobre la elaboración de los censos electorales, así como la clasificación en grupos y categorías de cada empresa por demarcación.
La ley 4/2014 estatal ya fijó, por ejemplo, el censo universal, con el fin de "garantizar la representación de todas las empresas en los órganos de gobierno de las cámaras". En cuanto a las aportaciones voluntarias -el Ejecutivo de Zapatero eliminó la obligatoriedad de pagar cuotas a los entes camerales-, la Xunta indica que estaba contemplado ya en la ley que entró en vigor en enero. Este aspecto "se desarrolla a través de esta orden", explicaron en Economía e Industria.
De cara a la composición del pleno, y según fija la orden, "además de vocales representantes de las empresas y personas de reconocido prestigio en la vida económica de la circunscripción", que serán elegidas por organizaciones empresariales intersectoriales y territoriales más representativas", la nueva ley "incluye en la nueva configuración del pleno vocales representantes de empresas de mayor aportación voluntaria en la demarcación de cada cámara".De cara a adaptar este aspecto en el actual marco normativo, la Xunta propone que las cámaras "deberán establecer los límites mínimos de cuotas voluntarias" a partir de las cuales las empresas figurarán en el censo.
Como destacaron desde la consellería que comanda Francisco Conde a FARO, "esta orden introduce aspectos para que se tengan en cuenta" la aportación de las empresas al Producto Interior Bruto (PIB) o el empleo que generan. Dos tercios de los vocales serán elegidos mediante sufragio libre "entre todas las personas físicas y jurídicas que ejerzan una actividad comercial, industrial o de servicios" por grupos y categorías, pero teniendo en cuenta su peso en la economía de cada demarcación. De este modo cada una de las cámaras gallegas reflejarán, en la composición de sus órganos de gobierno, qué sectores prevalecen más en cada área cameral.
La normativa que ya adaptó la Xunta en diciembre es la que ha permitido el proyecto de fusión de las cámaras de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía, que deberá aprobar la Consellería de Economía y el Consello Galego de Cámaras.
