La CNMV reclama a los bancos que cifren la cuantía a devolver por el viejo "tax lease"

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha puesto el ojo en los balances bancarios de las grandes entidades españolas para que éstas detallen a cuánto ascienden las "ayudas incompatibles" del viejo sistema tax lease. Una cifra que, en total, Hacienda estima en 126 millones de euros, pero es un cálculo que Bruselas ha pedido revisar. Aún así, el regulador financiero quiere saber qué agujero provoca en cada banco el haber participado como inversores del antiguo sistema de bonificación fiscal para la construcción de buques, considerado ilegal y sujeto a devolución hace más de un año por el Colegio de Comisarios. Por ahora ha sido el Banco Popular el que ha tenido que detallar cifras, siempre sujetas al método de cálculo de la Dirección General de Tributos (DGT), el mismo que en Bruselas consideran "no válido".

"El cálculo del importe de la devolución de ayudas se realiza en base al modelo elaborado por la DGT, que se ha ido perfeccionando en 2014, y que se hizo llegar" a las Agrupaciones de Interés Económico (AIEs)", los inversores del sistema tax lease, dice el informe del Banco Popular remitido a la CNMV, al que ha tenido acceso FARO. "En tal sentido -continúa- la cuantía estimada del impacto sería de unos 6,4 millones de euros". De esta cantidad, 5,5 millones se corresponderían a la devolución pura de los beneficios fiscales, mientras que 900.000 euros se corresponderían con intereses de demora. En total, a 31 de diciembre pasado el Popular tenía reservados 6,5 millones de euros "para la devolución de las ayudas derivadas de estructuras de tax lease". Tanto el banco que preside Ángel Ron como el Santander, el Sabadell, Inditex o Ikea -también inversores en las AIE- han presentado recurso contra la decisión de Bruselas en el Tribunal de Luxemburgo. Lo ha hecho también, como se desprende del informe del Banco Popular, la patronal de los bancos (AEB).

Según la información remitida a la CNMV, el Popular tiene una serie de garantías por 2,5 millones. "Éstas se materializan mediante la contratación de un instrumento financiero (pagaré, depósito...) cuyo titular es el astillero que, en base a una póliza de prenda, tiene pignorado a favor de la AIE", detallan los responsables del banco. Fuentes del sector consultadas por FARO descartan que los astilleros tengan que asumir ninguna penalización o devolución por el uso del tax lease, ya que la decisión de Bruselas los exime de forma explícita. Fuentes jurídicas, por otra parte, creen que al astillero solo se le podrían reclamar las llamadas garantías de reembolso si la operación fracasa y si no entrega el buque una vez recibido el dinero por parte del armador.