La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha invalidado los interrogatorios realizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) a cinco empleados de Pescanova, al considerar que se produjo una extralimitación de competencias, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press.
Los interrogatorios afectaron a trabajadores de los departamentos administrativo y financiero de Pescanova, así como a responsables de informática de la empresa, y dieron origen a sendos autos de octubre de 2013 y febrero de 2014, cuyos apartados tercero de la parte dispositiva y primero de la parte dispositiva, respectivamente, quedan ahora anulados.
Con esta decisión, la Audiencia Nacional atiende los recursos de apelación presentados por el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, al que se adhirieron Fernando Fernández de Sousa-Faro, López Uroz, García Calvo, Turci Domingo y el fondo Silicon Metal Holdings.
Fuentes conocedoras del proceso indicaron a Europa Press que, como consecuencia del auto, "algunas de las actuaciones llevadas a cabo después de estas declaraciones tomadas por la UDEF en Pescanova pueden ser anuladas".
En el auto, la Audiencia constata que, en el caso analizado, se delegó en funcionarios de la Policía la determinación de si convenía o no tomar declaraciones a cinco empleados de Pescanova en busca de indicios de delito.
Para el tribunal, este tipo de "encomiendas o delegaciones" por parte del juez instructor resultan "inadmisibles", motivo por el que decide estimar los recursos presentados.
Puede ser "loable" el esfuerzo del juez instructor de reducir la sobrecarga de competencias, si bien esta iniciativa no puede dar origen a "disfunciones procesales" que afecten a los derechos de los justiciables, argumenta el auto.
