La Comisión Europea (CE) endureció ayer su discurso sobre la reforma fiscal del Gobierno español. Si el viernes dijo que "no había sido consultada de forma suficiente", ayer sostuvo que la revisión tributaria desoye algunas de las recomendaciones de la Unión Europea y podría "dificultar" el cumplimiento por España de sus compromisos de consolidación presupuestaria. España tiene el mandato y el compromiso de reducir el déficit este año al 5,8% del PIB (5,5% fijado por el propio Gobierno en su programa de estabilidad), al 4,2 % en 2015 y al 2,8% en 2016. El año pasado España terminó con un déficit del 6,62% y llegó al 7,1% al sumar el coste del rescate bancario.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, acusó a la Comisión Europea de "precipitación" por sus críticas a la reforma fiscal y garantizó que "los números van a salir" y que España cumplirá los objetivos de reducción del déficit.
La principal crítica de la Comisión obedece a que, en contra de sus propias recomendaciones y de las del Fondo MonetarioInternacional (FMI), "el Gobierno español no ha anunciado ningún traslado de la carga impositiva desde las cotizaciones a la Seguridad Social hacia los impuestos indirectos (como el IVA o tributos medioambientales), tal y como recomendó el Consejo de Ministros de Economía de la UE como vía para impulsar la creación de empleos", dijo el portavoz comunitario de Asuntos Económicos y Monetarios, Simon O'Connor.
Los ministros de Economía de la UE (el Ecofin) respaldaron el pasado viernes esas "recomendaciones" de la Comisión para España.
La CE también reprochó que en la reforma "permanezcan una serie de deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)" e incluso que "algunas ellas se vayan a ampliar bajo la reforma" fiscal.
Ello "parecería no ir en la dirección del objetivo señalado (por el Gobierno español) de simplificar el sistema", agregó el portavoz comunitario, quien indicó además que la CE "tiene algunas preocupaciones" acerca del impacto negativo que podrían implicar las medidas para las finanzas públicas de España.
En concreto, el Ejecutivo comunitario considera que la reforma fiscal española "podría dificultar a España la consecución de sus compromisos de consolidación presupuestaria" o, lo que es lo mismo, de reducción del déficit público, según sentenció O'Connor.
