El fantasma de la liquidación se cierne de nuevo sobre Pórtico. La cadena viguesa de productos de decoración y menaje, que el pasado 6 de mayo enfilaba la salida del concurso de acreedores tras alcanzar un acuerdo con la mayoría de los bancos (principales acreedores), ve amenazada de nuevo su supervivencia por los desacuerdos con la Agencia Tributaria y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), según ha podido saber FARO. Hacienda impugnó el pasado miércoles el convenio de acreedores validado por la mayoría, lo que ha provocado una demora en los procesos judiciales y en la formalización de una nueva ampliación de capital hasta 2,5 millones de euros necesaria para mantener la actividad de la empresa y pagar los salarios. El Fogasa, por su parte, rechaza ahora hacerse cargo de la mayor parte de las indemnizaciones de los 200 empleados de Pórtico despedidos el pasado noviembre, lo que coloca a la compañía en una situación insostenible. El comité de empresa reconoce que hay un riesgo real de cierre y ha convocado para hoy una asamblea de trabajadores para analizar la situación y tomar medidas.

La Agencia Tributaria ya había votado en contra de la propuesta de convenio de acreedores de Pórtico en la junta del 6 de mayo y esperó al último día hábil para presentar recurso -el pasado miércoles- para impugnar el acuerdo a través de una solicitud de aclaraciones. Fuentes conocedoras del proceso explicaron a FARO que esta petición retrasará al menos hasta el próximo 15 de junio la sentencia del juez sobre el concurso, demorando la vuelta a la normalidad de Pórtico. La compañía mantiene negociaciones avanzadas con varios socios industriales para completar una ampliación de capital hasta 2,5 millones de euros (de los que ya se habían aportado 1,25 millones, como avanzó este periódico en exclusiva), inyección necesaria para mantener la actividad y abonar las nóminas de los trabajadores. Ante esta situación, las mismas fuentes no descartan que se pueda retrasar el pago de los salarios de junio, lo que ha sembrado inquietud en la plantilla.

No obstante, un problema más grave que la impugnación del convenio -según las mismas fuentes- es la marcha atrás del Fogasa sobre el pago de las indemnizaciones de los 200 trabajadores de Pórtico que fueron despedidos el pasado noviembre para mantener la viabilidad económica de la empresa. El acuerdo alcanzado entonces con los administradores concursales y los sindicatos establecía una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades, de la cual el 5% se cobraría en el momento de la extinción del contrato; otro 7%, en marzo de este año; un 8% en junio y el resto (80%) correría a cargo del Fogasa. El fondo estaba dispuesto a avenirse al convenio subrogando las indemnizaciones en deuda salarial (no sujeta a quita), con lo que se garantizaría el cobro de la misma. Pero el Fogasa ha cambiado sus exigencias. Las mismas fuentes señalan que ha pedido o un aval bancario o una garantía patrimonial de primer nivel, mientras que la propiedad de Pórtico habría ofrecido como aval parte de sus instalaciones en Mos (que pertenecen a sociedades diferentes de Pórtico) y el silo automático, sobre el que pesa una hipoteca.

Las nuevas dudas sobre el futuro de Pórtico ha sembrado la alarma entre la plantilla. El comité de empresa ha convocado esta tarde una asamblea de trabajadores para analizar la situación real de la compañía y tomar medidas. Pórtico y sus filiales entraron en concurso hace casi un año después de una larga negociación con los bancos. La mayor deuda viene de la puesta en marcha del almacén robotizado de Mos, en el que se invirtieron 26 millones. Para mantener su actividad, el grupo tuvo que recortar el 60% de su plantilla y vender su marca de bisutería Dayaday a Tous.