El 4 de diciembre de 2012 Manuel Fernández de Sousa empezó a vender acciones de Pescanova. En ese momento, oficialmente, el empresario tenía más del 14,4% de la multinacional pesquera. Las ventas continuaron hasta el mismo día en que se reunió el consejo de la pesquera, el 27 de febrero de 2013, en el que Sousa no pudo aprobar las cuentas anuales. Pero el entonces presidente de Pescanova no informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) todas estas operaciones hasta el 15 de abril, diez días antes de entrar en concurso de acreedores. El regulador le ha impuesto a Sousa una multa de medio millón de euros por no informar de sus ventas. La sanción se suma a otra de 200.000 euros comunicada en el BOE (BOletín Oficial del Estado) el 20 de febrero por remitir al regulador "datos inexactos" y "no veraces".

La sanción de 500.000 euros está repartida en tres multas distintas: una para el propio Sousa y otras dos para empresas de su propiedad (Inverpesca y Sociedad Gallega de Importación y Exportación de Carbones). En los tres casos, la razón es "por el incumplimiento, como consejero, de sus deberes de comunicación y difusión de participaciones significativas" en el accionariado de Pescanova. "La resolución es firme en vía administrativa", advierte el organismo que preside Elvira Rodríguez, por lo que Sousa tendría que recurrir, si así lo decide, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

En la entrevista que Sousa concedió a FARO, y preguntado por la venta masiva de sus acciones, el empresario indicó que "yo vendo porque tengo necesidad personal de vender, por un lado, y no vendí más porque no quería vender más, sino hubiera vendido todo. Vendo lo imprescindible, lo que no me queda más remedio", expuso a este diario. "Cuando vendo es porque tengo mis problemas personales, pero vendo más para apoyar la empresa, podría recomprar las acciones y fuera. Si hubiera querido vender todo no habría tenido los problemas de si notifico, no notifico... hubiera dimitido y me hubiera ido y no tendría los problemas que ahora tengo", apostilló en junio del año pasado.

A la multa de 700.000 euros que suma ya Fernández de Sousa hay que añadir el proceso que se instruye en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional por el magistrado Pablo Ruz y que investiga su presunta responsabilidad en la quiebra de la segunda multinacional gallega.