Son 180 las pequeñas y medianas empresas gallegas dedicadas a la explotación de la madera que desde hoy están en huelga para no proveer de eucalipto a las tres grandes papeleras del Noroeste peninsular: Ence, Portucel y Celvi que, según fuentes del sector, absorben el 85% del mercado. Pero las pymes sí van a proveer de pino a otras compañías como Finsa o Iberpapel (con sede en Hernani), ya que son compañías que "nunca" han llevado a cabo prácticas como las que achacan a la papelera de Lourizán. "Vamos a seguir operando con ellos con pino, y tampoco le vamos a cortar el grifo a los aserraderos, no tienen culpa de nada", expuso ayer a FARO un empresario vinculado al sector.

De hecho, desde las compañías reconocen la trayectoria de Finsa, con sede en Santiago. "Siempre compró madera en el monte, pero nunca avasallaron a las pequeñas empresas y utilizaban precios como nosotros", expresa la misma fuente, que no quiere ser citada en esta información. "Nosotros podemos agradecer a Ence porque ha conseguido unir al sector forestal de Galicia, Cantabria, Asturias y Portugal", ahondan. Las pymes reivindican su labor porque, dicen, para las "grandes compañías" son considerados como intermediarios prescindibles. "Somos imprescindibles", replican, "se creen autosuficientes y quieren dominar el mercado pero no lo van a conseguir".

Según su parecer, las pymes forestales realizan un trabajo básico para el medio rural, de ahí que reclamen el reconocimiento de las multinacionales, que también compran madera directamente a propietarios con precios con los que las pequeñas empresas no pueden competir.

Las grandes operadoras del mercado, como avanzó ayer FARO, han reducido un 10% el precio por tonelada de eucalipto, lo que implica pagar unos 3,5 euros menos. La mayoría de las pymes de la comunidad acumulan stock pagado sobre ese precio y calculan pérdidas millonarias si tienen que vender su madera. Esta ha sido la razón por la cual han decidido parar completamente la actividad de extracción de eucalipto, medida que también apoyaron empresarios de otras comunidades. Las 180 empresas emplean, de media, a unos 12 trabajadores, según su portavoz, Daniel Villapol, con lo que estarían en riesgo más de 2.000 empleos directos.