El Marcelino Fernández Verdes, consejero delegado de ACS y recién presentado por Florentino Pérez como su futuro sucesor en la presidencia de la mayor constructora española, se ha convertido últimamente en el piloto de una maniobra clave del grupo: tomar las riendas de Leighton, compañía australiana cuyo accionariado domina ACS de manera indirecta a través de su filial alemana Hochtief, de la que también es primer ejecutivo el español. Fernández Verdes ha emprendido ya cambios en la dirección de Leighton y se esperan otros que en alguna información periodística del país austral le ha valido el apelativo taurino de "matador español".

ACS aspira a convertirse en el primer grupo mundial de infraestructuras y Australia es la nueva etapa de esa estrategia. La operación incluye elevar la posición accionarial de Hochtief en Leighton-del 58,7% al 74,2%, mediante una opa que ya está en marcha- y asumir la gestión, encomienda que tiene directamente Marcelino Fernández Verdes. El propósito es que Leighton Holding, al igual que Hochtief, se integre plenamente en el grupo consolidado ACS. La consolidación de las cuentas de Hochtief ya permitió a la constructora española duplicar su facturación desde el año 2012.

La tarea de Fernández Verdes no está siendo pacífica. Aunque en España se ha informado de "la dimisión" de dos directivos de Leighton (el anterior consejero delegado Hamish Tyrwhitt y el director financiero, Peter Gregg), la prensa económica australiana sostiene que el "número dos" de ACS "acuchilló" a los dos ejecutivos y a casi la mitad del resto de la dirección. Los periódicos lo ven así quizá por los prejuicios que todos tenemos a lo desconocido.

Y suenan tambores de reestructuración en la que está considerada una de las constructoras de bandera de Australia. Anteayer mismo, Hochtief informó de que es posible que se produzcan recortes de personal y ventas de activos en Leighton tras el desenlace de la opa. La oferta, valorada en más de 1.100 millones de dólares, cuenta con el respaldo de los consejeros independientes, aunque también está salpicada por la controversia. El regulador bursátil australiano investiga un presunto caso de uso de información privilegiada porque en los días previos a su formalización hubo un anómalo movimiento de compras: cambiaron de manos 8 millones de acciones, siete veces más de lo habitual.