El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha dado rango de ley a la propuesta de convenio de acreedores elaborada por Grupo Damm y Luxempart y presentada por Pescanova para superar el concurso de acreedores. El juez Roberto de la Cruz admitió ayer a trámite el documento, con lo que a partir de ahora "no podrá revocarse ni modificarse". Por lo enrocadas que siguen las posiciones -la banca rechaza de plano la propuesta y Damm la defiende como la "única" posible-, que Pescanova saque adelante esta propuesta depende, a día de hoy, de "un milagro". Se acabó el tiempo de las negociaciones; ha llegado el de los órdagos. Desde la presidencia de la pesquera inciden en que un escenario de liquidación sería "catastrófico" y pretenden forzar a la banca a acatar un plan que, dicen, no es tan lesivo como lo pintan las entidades. El plazo para adherirse al convenio expira el 15 de abril.

El presidente del consejo, Juan Manuel Urgoiti, insiste en que la propuesta remitida al juez incluye "sustanciales mejoras", de modo que ahora "se plantea llegar a un acuerdo con todos los acreedores". Y menciona especialmente a los del pool bancario, que capitalizan las negociaci ones: Sabadell, Popular, Bankia, NCG, BBVA, CaixaBank y UBI Banca. Las entidades se reunieron ayer con su asesor financiero y jurídico, KPMG y Freshfields, respectivamente, sin que hubiesen cambiado un ápice su opinión sobre la propuesta de Pescanova. No la aceptan y no quieren firmarla. La estrategia de la pesquera pasa ahora por trasladar a la opinión pública que la banca, lejos de enormes quitas, podría recuperar "de media" un 35% de la deuda total. Esto es, una quita del 65%, y "sin tener en cuenta la eventual revalorización" de Pescanova en el futuro, lo que reportaría dividendos a la banca.

Petición a la banca

En una nota remitida ayer a este diario, Pescanova insiste en que ahora se produce la "absoluta necesidad de un apoyo del citado grupo de bancos (el llamado G7)" para que la compañía pueda continuar operando con "normalidad". La banca también lo cree, pero por ahora prefiere optar por llegar a la liquidación, comprarla como unidad productiva y asegurar su funcionamiento una vez que el administrador concursal, Deloitte, estructure cómo se produciría esa venta (si entera o por lotes). Este escenario "sería catastrófico", refrenda el máximo directivo de Pescanova.

En un guiño a los socios minoritarios y a los antiguos accionistas, la empresa -ahora bajo el poder de Damm y Luxempart- recuerda que éstos "evitarían la pérdida total de su patrimonio", y tendrían acceso preferencial a la ampliación de capital que prevé la propuesta de acreedores, por hasta 25 millones de euros en el caso base. La opción de adquirir capital sería "en las mismas condiciones que el consorcio Damm-Luxempart y los bancos acreedores". La banca rechaza que tenga que poner más dinero para tener acceso a este eventual nueva emisión de títulos, que además serían de una Sociedad Limitada (SL) y, por tanto, fuera del mercado variable.

Desde la banca no hay respuesta a esta inyección de adrenalina que ha querido imprimir Damm. "Tenemos veinte días para decidir. Habrá quien suscriba la propuesta" y, probablemente, los bancos se pronuncien en el último minuto. Habrá entidades que sí apoyen el texto que ha validado el juez, pero otras no. Para que se pueda validar Pescanova necesita el apoyo del 50+1 de los acreedores ordinarios, con el que ahora no cuenta. La banca insiste en que está preparando su "plan B", que pasa por comprar la sociedad -quizás a un precio simbólico, como un euro- y decidir si reflotarla o venderla. En el segundo caso, inyectaría 150 millones en la sociedad y agregaría un socio industrial que, desde alguno de los bancos, aseguran que ya está "comprometido" con un proyecto nonato y que Pescanova, así como su consejo y la plantilla, quieren evitar.