Los técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados en Gestha afirman que el informe de reforma fiscal presentado por el comité de expertos tiene "tachas" de inconstitucionalidad, ya que descuida el precepto de que cada contribuyente debe pagar en función de su capacidad económica.

Gestha parte de que se trata de un estudio teórico que no garantiza a las administraciones los recursos necesarios para sufragar las políticas públicas, según un comunicado publicado hoy.

Afirma que la presión fiscal española se sitúa siete puntos del PIB por debajo de la media europea, mientras que el gasto público representa unos seis puntos menos, por lo que la potencia recaudatoria del sistema tributario español es mucho mayor de la que plantean los expertos y debería aumentar al menos en tres o cuatro puntos del PIB.

Pero la principal crítica a la propuesta de los expertos atañe a la progresividad ya que, indica Gestha, simplificar los tramos del IRPF de siete a cuatro supone una merma en la progresividad que recoge la constitución.

Además, cree que suprimir a medio plazo la deducción por compra de vivienda atenta contra la justicia tributaria al quitar derechos consolidados a casi seis millones de personas que están utilizando la desgravación fiscal en el momento actual.

Gestha comparte la reducción de las cotizaciones sociales como medida para animar la contratación, pero opina que debería compensarse con un aumento del gravamen en el impuesto de sociedades para las 3.000 mayores empresas del país que, "pese a tener un tipo nominal del 30 %, el tipo efectivo apenas llega al 3,5 % de sus resultados contables, una situación muy discriminatoria frente a la carga fiscal de las microempresas y pymes".

También critica la propuesta, por considerar que aborda la lucha contra el fraude "de una manera meramente académica" en lugar de actuar de forma eficaz mediante informes, control por los parlamentos, aumento de competencias y responsabilidades de los inspectores fiscales y acuerdos de colaboración entre las bases de datos tributarias de la Agencia Española de Administración Tributaria y las agencias autonómicas.

Sin embargo, valora algunas medidas planteadas como la supresión del sistema de módulos de renta y el régimen simplificado del IVA.