Trescientos millones de euros, cincuenta mil millones de aquellas antiguas peseta, costó construir en la costa de Torrevieja la que pasa por la desaladora más grande de Europa pero que hoy, realizándose las pruebas finales para su puesta en marcha, ha terminado por poner contra las cuerdas a un ministerio, el de Agricultura, porque nadie quiere un agua que costará siete veces más cara y es de peor calidad que la que llega del Tajo, garantizada esta última por ley. El Ministerio, a través de la empresa estatal Acuamed, se ha asegurado -a la fuerza ahorcan y la Unión Europea ya estaba reclamando los fondos que concedió para hacer la obra- al menos un cliente, la Mancomunidad del Tabilla, sociedad pública como Acuamed, encargada de suministrar agua potable para consumo urbano a Murcia, toda la comarca de la Vega Baja alicantina, con ciudades tan densamente pobladas como Torrevieja y Orihuela, y otros municipios importantes como Alicante o Elche. Una población de unos 3 millones de personas que dispondrán a la fuerza de una bolsa de agua de 40 hm3 al año pero siete veces más cara que la que reciben hoy, y en medio de la crisis económica.

¿Qué ha pasado para llegar a esta situación? Un Gobierno caprichoso, el que presidió el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, guiado por una falsa cultura medioambiental y, sobre todo, por la necesidad de llegar a acuerdos con Esquerra Republicana para sostenerse en Cataluña y Madrid, se cargó de un plumazo el trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana y Murcia -el mismo río que se desborda todos los años y también lleva sin problemas agua al País Vasco, Cantabria y toda Cataluña-, y rompió con sus propios principios y la política que había llevado hasta entonces de la mano de Josep Borrell, el ministro del PSOE que, con el último gobierno de Felipe González y emulando a Lorenzo Pardo, aquel gran ingeniero de Obras Públicas de la convulsa España de los años 30 del pasado siglo, había diseñado en los 80. Un plan para interconectar todas las cuencas hidrográficas de una España donde hay agua de sobra, aunque esté mal repartida.

Zapatero dio todo el poder a la ministra Narbona -paradójicamente, la compañera sentimental de Borrell- y el trasvase del Ebro saltó por los aires. Pero en Murcia y Alicante hacía falta agua y Narbona se inventó las desaladoras. Esas centrales nucleares del mar, según las calificó en su día el vicesecretario del PP, Esteban González Pons, pero que hoy el Gobierno de Rajoy va a poner en marcha por dos razones: incompetencia para afrontar la situación cuando llegó al poder, realizando una auditoría para demostrar que el Plan Narbona era una chapuza, y por el riesgo de tener que devolver a Bruselas un porrón de millones de euros, que la Comisión Europea le prestó para pagar el capricho de Narbona.

Y en el centro del problema la desaladora de Torrevieja. Una planta diseñada para producir 80 hm3 de los que 40 hm3 se han adjudicado por imperativo legal al Taibilla para abastecimiento urbano y los otros 40 hm3 para la agricultura a un precio siete veces más caro que la del trasvase del Tajo. A falta de saber el coste que se fijará para el agua producida en Torrevieja, la única referencia son los 0,8 euros/m3 de la desaladora operativa en Alicante. El agua del Tajo cuesta 0,1 euros. No hay competencia posible.

Rodríguez Zapatero parió las desaladoras, pero la vergüenza de que hoy prácticamente se hayan tirado a la basura 300 millones de euros de dinero público hay que repartirla, casi a partes iguales, entre PSOE y PP, los dos partidos que han gobernando este país los últimos treinta años. Josep Borrell, el único sensato, trato de interconectar España. José María Aznar se opuso entonces con una de sus célebres frases: "Dios creó una España húmeda y otra seca", pronunciada en plena campaña electoral de 1996. Palabras que terminaría tragándose unos años después cuando puso la primera piedra del trasvase del Ebro en Villena mientras los invitados le cantaban el cumpleaños feliz, porque el acto coincidía con su aniversario.

Pero Aznar se fue, Rajoy perdió con Zapatero y ZP se cargo todo lo anterior y presentó el programa de la desalación como la gran alternativa al trasvase del Ebro en 2004. Quienes advirtieron entonces del disparate de aquel plan fueron demonizados, pero diez años después no sólo es un fracaso, sino que la desaladora de Torrevieja se ha convertido en un símbolo de lo que nunca debe ser la gestión pública. ¿Y quién resulta el pagano en este juego de errores, venganzas políticas, componendas parlamentarias y radicalismo? El de siempre, el administrado.