Los 16 consejeros de Repsol deciden esta tarde si suscriben o rechazan el preacuerdo alcanzado este lunes con el Gobierno argentino por la expropiación del 51% de YPF, que supone el pago de 3.700 millones de euros en activos líquidos (bonos del Estado). El consejo deberá determinar si es "válido" y si compensa "en parte" la incautación por decreto de esta compañía, ejecutada en abril del año pasado. El plácet de los gobiernos de España, Argentina y México, unido al respaldo que ayer dieron las bolsas a las acciones de Repsol y a sus principales accionistas, garantiza la aprobación al preacuerdo, según fuentes del mercado. A estos factores directos hay que sumar uno colateral -pero decisivo- para los intereses españoles y que se produjo ayer: la compra del 51% del astillero Hijos de J. Barreras por parte de Pemex, el socio díscolo de Repsol.
Petróleos Mexicanos es el tercer mayor accionista de la multinacional española, y condicionaba su apuesta por España y su continuidad en el capital de Repsol a que se produjeran "cambios" en la gestión de la compañía. Entre ellos estaba la negociación con Argentina para resolver el conflicto por YPF, frente a la estrategia judicial que seguía el equipo comandado por Antonio Brufau. Este tema se resolvió el lunes, y la entrada de Pemex en el accionariado de Barreras (avanzada en mayo) se culminó ayer. Fueron 24 horas decisivas para el naval gallego, inmerso en el fuego cruzado entre tres empresas (YPF, Repsol y Pemex) y tres países (España, Argentina y México). El Gobierno de Mariano Rajoy no solo se ha garantizado la estabilidad en el accionariado de la petrolera española, sino que ha logrado desbloquear el anunciado vínculo entre Pemex y los astilleros gallegos, postergado una y otra vez (durante año y medio) con el contrato de los floteles.
El preacuerdo
No ha trascendido la letra pequeña del preacuerdo con Argentina más allá de que el pago no es por activos productivos (yacimientos), lo que conllevaría una inversión "importante" por parte de Repsol. El presidente de la compañía, Antonio Brufau, había exigido siempre una compensación en efectivo, aunque las cantidades que ponía la petrolera española sobre la mesa eran notablemente superiores (10.000 millones de dólares). Ante la posibilidad de recibir cero euros por YPF -como llegaron a descontar los analistas-, el cobro de 3.700 millones de euros (5.000 millones de dólares) es una mejora notable en el escenario tanto para Repsol, para sus accionistas y para su máximo ejecutivo.
La intermediación del Gobierno español ha sido determinante no solo para romper el litigio entre Repsol y Argentina (había una docena de denuncias por la expropiación), sino para resolver el conflicto abierto entre la petrolera española con su socio Pemex a causa de YPF. Aunque el acuerdo fue calificado como "hito" por el director general de la sociedad mexicana, Emilio Lozoya, éste volvió a criticar ayer la gestión del equipo directivo de Brufau. "Esperamos que el consejo actúe con responsabilidad", dijo Lozoya a una radio local respecto de la votación de esta tarde. Y es que Pemex no solo quería participar del yacimiento de Vaca Muerta en Argentina, sino que pretende que Repsol vaya de su mano para explotar yacimientos en el país azteca (en la zona de Campeche), que no podría ejecutar sin el know-how de la firma española.
Pese al "hito" del preacuerdo del lunes, y a expensas de las decisiones que adopte el consejo de Repsol, las pretensiones de Pemex van más allá de YPF. Queda por delante un escenario con posibles cambios en la estrategia de la petrolera española sin descartar una remodelación en su cúpula directiva
