La nueva regulación de la jubilación para trabajadores con contrato a tiempo parcial ascenderá a 4,56 millones el año que viene, 17,06 millones en el año 2015 y 38,62 millones en 2016, alcanzando un gasto de 255,68 millones en 2020, si bien el 22,73% de estas cuantías las soportarán las cuentas de la Seguridad Social y no las arcas del Estado.
Así consta en la memoria de impacto del decreto ley para la Protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de agosto y que deberá ser convalidado antes de 30 días por el Congreso.
El Ejecutivo parte de una proyección de altas inicial de 1.278 el próximo ejercicio hasta alcanzar las 8.220 altas en el año 2020. De esta manera, el coste para la Seguridad Social de las nuevas altas en pensiones -sin tener en cuenta los complementos a mínimos- ascenderá a 1,27 millones en 2014, a 4,73 millones en 2015 y a 10,72 millones en 2016, llegando a los 70,94 millones en el año 2020.
