Al final habrá recurso. El Gobierno anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la decisión de Bruselas de exigir a los inversores que devuelvan las ayudas recibidas entre 2007 y 2011, aunque aparcó por ahora la idea de solicitar medidas cautelares para no paralizar la actividad del sector. La decisión se tomó por "unanimidad" tras la reunión ayer en Madrid de los ministerios de Industria y Hacienda con los presidentes autonómicos de Galicia y Asturias (Euskadi no acudió a la cita), los astilleros de Pymar y los sindicatos CC OO y UGT. El sector instó al Gobierno a que concrete cuanto antes el esfuerzo fiscal máximo que está dispuesto a asumir con el nuevo tax lease para poner en valor este sistema y contratar nuevos barcos.

El titular de Industria, José Manuel Soria, explicó que la intención del Ejecutivo es presentar "un recurso muy sólido, con los argumentos jurídicos que hasta ahora hemos estado utilizando". Respecto a la petición de medidas cautelares, como defiende la Xunta, el ministro indicó que se está estudiando por parte de los gabinetes jurídicos de Industria y Hacienda. El Gobierno, que tiene de plazo hasta el 28 de septiembre para presentar el recurso, aparcará por ahora esta opción ante el temor de que pueda afectar a la actividad del sector, paralizándola hasta que no se resuelva la reclamación. Pymar condicionó precisamente su apoyo al recurso si no afectaba a la negociación de pedidos.

Los astilleros instaron al Ministerio de Hacienda a que ponga el valor el nuevo tax lease, bendecido por la propia Comisión Europea (CE) el pasado mes de noviembre, concretando el esfuerzo fiscal máximo que está dispuesto a asumir para atraer a nuevos inversores. Soria reconoció que los inversores del antiguo tax lease ya han mantenido una reunión con Hacienda y que habrían mostrado su "satisfacción" por el método elegido por el Ministerio para la recuperación de las ayudas, siguiendo las pautas marcadas por Bruselas en su resolución.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, valoró la "unidad de actuación sin precedentes" en torno al sector y consideró que las comunidades, el Gobierno, las empresas y los sindicatos han hecho "un buen trabajo" en la defensa del naval, en el que "se mantiene la esperanza" y se puede "mirar al futuro". "Vamos a mantener el grupo de trabajo abierto" con el objetivo no solo de "tutelar la salida del impasse de los últimos años para volver a contratar" en el sector, sino también de supervisar "la imposición de un recurso fundado en Derecho". Este recurso es "razonable" y se presenta "por coherencia, por responsabilidad y por no ir contra los propios actos", así como "por la defensa de los puestos de trabajo y la continuidad del sector".

La consejera delegada de la sociedad de astilleros Pymar, Almudena López del Pozo, afirmó por su parte que las empresas están "muy contentas" con el resultado de la reunión, ya que la situación "solo puede mejorar" y "hay muchas posibilidades de salir ganando".