El Colegio de Comisarios de la Comisión Europea (CE) cumplió el guión marcado por la Dirección General de Competencia y declaró ayer "parcialmente ilegales" las bonificaciones fiscales que permitió el anterior sistema de arrendamiento financiero de los astilleros, el tax lease, por lo que España deberá exigir ahora a los inversores la devolución de las deducciones obtenidas entre el 17 de abril de 2007 y el 29 de junio de 2011, tal y como se avanzaba en el último borrador de Competencia.

El sector naval considera desproporcionada la decisión, que, pese a todo, abre una vía de esperanza para los astilleros al recaer en el Gobierno la concreción del importe de los reembolsos y de los inversores afectados, así como el proceso de recuperación de las ayudas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que su departamento evaluará la cuantía de la devolución y que, en caso de ser excesiva o perjudicial para el futuro del sector, recurrirá la decisión ante la Corte Europea de Justicia. "Existen bases jurídicas suficientes para ganar", apuntó el Ministerio de Industria.

Pese al rechazo de un grupo de comisarios encabezados por el responsable de Empleo, Antonio Tajani, el Colegio aprobó la última propuesta de resolución del español Joaquín Almunia, que exige la devolución de las deducciones fiscales obtenidas por los inversores (Agrupaciones de Interés Económico) que participaban en las operaciones de tax lease, eximiendo del pago a astilleros y armadores. "Nuestra decisión de hoy se refiere exclusivamente a las ventajas fiscales ilegales concedidas a algunos inversores. No se trata de una decisión sobre los astilleros españoles, lo repito una y otra vez", recalcó Almunia tras la votación de los comisarios.

El responsable último de Competencia explicó que compete a la Hacienda Pública española definir quiénes han sido los beneficiarios de dichas ayudas y su importe, e insistió en que los inversores no podrán trasladar sus obligaciones a astilleros ni armadores, aunque existan contratos privados que así lo contemplen.

Según Almunia, Hacienda tiene que acotar las ayudas fiscales que recibió cada inversor, analizar qué parte de esa ayuda fiscal es compatible con el régimen de ayudas al transporte marítimo y "estudiar si hay otros elementos que puedan justificar las deducciones", por lo que el importe a devolver podría ser muy inferior a los 2.300 millones que se estimaban para el periodo 2007-2011. Lo que sí aclarará Competencia en su resolución -que todavía no ha sido publicada- es cómo calcular la cuantía de la ayuda concedida a los beneficiarios individuales.

"La Comisión no será un obstáculo para el futuro de los astilleros españoles; su futuro dependerá del potencial innovador y su capacidad para atraer nuevos inversores", indicó Almunia, quién restó validez jurídica a la carta que había enviado su predecesora en el cargo a una ministra noruega en 2009 y en la que aseguraba que el tax lease no era discriminatorio (una de las bazas expuestas por la defensa española): "Esa carta no se refiere al sistema de tax lease, no está basada en ninguna investigación formal sobre ayuda de estado".

Almunia no aclaró los plazos exigidos para la devolución, aunque en el último borrador pactado el pasado lunes por los jefes de gabinete de los comisarios se establecían dos meses para identificar a los inversores y otros dos meses para completar el reembolso. En caso de recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), esto no tendría inicialmente un efecto suspensivo de la decisión del Colegio de Comisarios, salvo que el Alto Tribunal lo estime oportuno.

La resolución de los comisarios provocó ayer el rechazo de los astilleros y las industrias auxiliares, aunque reconocieron algunos "puntos buenos" como que se haya reducido el plazo de devolución al periodo 2007-2011, lo que "minimiza el coste", y se excluya a los armadores. "Esperemos que con la labor del Gobierno se pueda atenuar lo máximo posible los daños de esta resolución", manifestó Álvaro Platero, presidente de Pymar (sociedad privada que representa a 19 astilleros privados españoles), que advirtió de que "no vamos a tirar la toalla".

La consejera delega de Pymar, Almudena López del Pozo, subrayó que estudiarán la letra pequeña de la resolución y valoró un cambio en las declaraciones de Almunia de apoyo al sector. "Entiendo que (Almunia) ha hecho un trabajo aséptico", señaló. La patronal gallega del metal, Asime, incidió en que ahora toca que todos los agentes implicados en la construcción naval estudien en profundidad la resolución, hagan los "cálculos numéricos y económicos oportunos" y tratan de "minimizar" el impacto de la misma.

Desde el Gobierno, el ministro de Industria, Soria, reconoció que la resolución "no es la que nos gusta pero es mejor que la planteada por Almunia". El secretario general de Industria y Pyme, Luis Valero, indicó que el Estado se reserva el derecho a recurrir el fallo de Bruselas y que existen "bases jurídicas suficientes para ganar". Tanto Soria como Valero coincidieron en que le corresponde a Hacienda determinar la cuantía de las ayudas y su recuperación.

A este respecto, el ministro de Hacienda admitió que evaluarán las devoluciones y, en caso de que sean excesivas y perjudiquen a los astilleros, se recurrirá la decisión de Bruselas ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE.

Más tajante se mostró el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien instó directamente a Industria a recurrir el fallo y a que se decrete una suspensión cautelar del mismo. La decisión es "cuestionable jurídicamente", "poro responsable" desde el punto de vista económico y socialmente "insensible".

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, no dudó en acusar a Almunia de haber asestado una "puñalada al naval vigués y español" de la mano de Holanda e instó al Gobierno "a hacer todo lo que tenga que hacer" para que el naval "continúe su andadura".