04 de julio de 2013
04.07.2013

Competencia avaló en una carta en 2009 que el sistema "no era discriminatorio"

El sector esgrime que Bruselas no puede exigir el reembolso desde 2005 cuando cuatro años después aludía a su legalidad en documento público

04.07.2013 | 07:55

Gobierno y sector naval consideran que no tiene sentido que el borrador de resolución del tax lease obligue a la devolución de las bonificaciones fiscales obtenidas entre 2005 y 2009 cuando la propia Comisión Europea, en un documento fechado en marzo de 2009, asumía que el sistema de arrendamiento financiero español "no era discriminatorio" y, por tanto, plenamente legal. Éste es uno de los principales argumentos esgrimidos por la defensa española del tax lease, que incide en que este escrito, una carta firmada por la anterior comisaria europea de Competencia (hoy vicepresidenta de la CE, al igual que Joaquín Almunia), Neelie Kroes, aporta seguridad jurídica.

En el documento, al que ha tenido acceso FARO, Kroes responde a la entonces ministra noruega de Industria, Sylvia Brustad, quien había expresado sus sospechas sobre supuestas distorsiones de competencia que podría generar el tax lease español. La responsable de Competencia le responde que "sus servicios" ya habían investigado el régimen y que éste no era exclusivo para la compra de buques producidos en territorio español, sino también en otros países de la Unión Europea (UE). Kroes relata que el Estado español garantizó esta realidad a través de una respuesta de la administración tributaria, y concluyó: "Sobre la base de esta información, ya que no hay evidencia de un trato discriminatorio por parte de las autoridades españolas sobre la base de la nacionalidad de los astilleros, ninguna otra acción es considerada en esta etapa en este sentido".

Los astilleros y el Ministerio de Industria coinciden en que esta carta, fechada el 4 de marzo de 2009, aportó seguridad jurídica, por lo que no había razón para considerar el tax lease una ayuda de estado ilegal. En este sentido, desde el sector consideran que la propuesta de resolución del comisario Almunia, que obliga a devolver las ayudas entre 2005 y 2011 (más de 2.800 millones de euros), es "jurídicamente incorrecta" y, en caso de que fuese aprobada y posteriormente recurrida ante la Corte de Justicia de la UE, ésta daría la razón a los astilleros, aunque para entonces, la mayoría de las empresas estarían en la bancarrota.

"No hay evidencia de trato discriminatorio"

"Sobre la base de esta información, ya que no hay evidencia de un trato discriminatorio por las autoridades españolas sobre la base de la nacionalidad de los astilleros, ninguna otra acción es considerada en esta etapa al respecto". Así cerraba la anterior comisaria de la Competencia, Neelie Kroes, las pesquisas sobre el anterior tax lease en 2009 a raíz de un requerimiento del Gobierno de Noruega.

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