El Gobierno español, los grupos parlamentarios de PP, PSOE, BNG y otras formaciones políticas cerraron filas ayer con la industria naval española y emplazaron al comisario europeo de la Competencia, el español Joaquín Almunia, a "rectificar" su propuesta de exigir la devolución de las ayudas del llamado tax lease, procedimiento de contratación que incluye importantes ventajas fiscales que han sido consideradas contrarias a la legislación europea.

La posición del comisario Almunia, ex secretario general del PSOE y ex ministro de varios gobiernos socialistas, recibió fuertes críticas desde el ámbito político. El ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó que el Gobierno "espera y desea" una "rectificación" de Bruselas, pues de confirmarse la obligación de devolver ayudas se hará un daño "irreparable e irreversible" al sector y a la economía.

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, afirmó que la decisión de Almunia es "profundamente discriminatoria" y supone un "ataque" a España. Alonso demandó también al comisario que trate a los astilleros españoles como se ha tratado a los de otros países como Francia. Las ayudas del país galo a su sector naval también fueron anuladas, pero no se reclamó una devolución.

El PSOE también se pronunció en contra del ex dirigente socialista. "No nos parece que en estos momentos tan duros para la UE, y especialmente para los países del Sur, se pueda adoptar una decisión que puede poner en juego un sector vital para la industria de España y muchos puestos de trabajo", dijo la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez. Preguntada sobre si cree que Almunia está actuando en contra de los intereses de su propio país, Rodríguez remarcó que el comisario español es "actúa como miembro de un órgano colegiado europeo", y no como representante de la ciudadanía española.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmó por su parte, que "la Unión Europea no puede mandar a España, con el problema de paro que tiene, un mensaje demoledor para hundir un sector industrial". "Pensar dos veces esa decisión" fue lo que exigió a Almunia, al que recordó que mandaría a "la UVI" un sector cuando ahora "empezaba a rebrotar el naval" y deslizó que todavía existe tiempo para presionar a la UE antes de la reunión del colegio de comisarios comunitarios el 17 de julio. "No hay ninguna comunicación oficial, sino un comentario mientras el comisario daba una conferencia y tomaba un café", añadió antes de exigir "respeto" para 14.000 familias gallegas dependientes del sector.

De nuevo agitó Feijóo la bandera del agravio comparativo entre España y Francia, país al que no obligaron a devolver bonificaciones similares a las del tax lease antes de 2005. "Pienso que no va a apoyar más a Francia una comisaria noruega de lo que debería apoyar a España un comisario español. Cuando hubo una situación parecida en Francia, la comisaria aceptó el principio de confianza legítima, ahora hay un comisario español que no puede certificar el acta de defunción de todo el sector naval español", argumentó.

También el alcalde de Vigo, Abel Caballero, arremetió contra su compañero de partido, al que acusó de querer "hundir" al sector naval con su resolución. El regidor recalcó que el comisario "miente" cuando dice que las devoluciones no afectarán a los astilleros. "No se puede presentar como un éxito lo que es un ataque y un gran fracaso", advirtió Caballero, quien insistió en que el sector debe estar protegido porque actuó según los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. "España debe ser tratada exactamente igual que Francia".