Los astilleros gallegos, que en 2008 pulverizaron su récord histórico de contratación, serán los más perjudicados en España si se cumple la amenaza de Bruselas y se obliga a devolver las ayudas del tax lease (el viejo sistema de arrendamiento financiero del sector, suspendido por la Comisión Europea hace dos años). Los constructores navales de la comunidad firmaron entre 2005 y 2011, periodo en el que Bruselas ha puesto la lupa, más del 60% de los contratos logrados en el conjunto del naval español.

El tax lease comenzó a aplicarse precisamente en el sector naval en la ría de Vigo. Fue el astillero Barreras el primero en usar esta herramienta financiera para contratar buques, pero pronto se extendió al conjunto de las factorías navales gallegas y del resto del país. Según cálculos realizados por el sector, las ayudas de tax lease correspondientes al periodo 2005-2011 sobrepasan los 2.800 millones de euros, y de este montante, más del 60% (unos 1.800 millones de euros) corresponderían solo al naval gallego.

Entre los astilleros que más utilizaron el tax lease entre 2002 y 2010 estaban Hijos de J. Barreras (con contratos por valor de 1.700 millones), Factorías Vulcano (1.000), Construcciones Navales del Norte-La Naval de Sestao (1.000), Zamakona (700) y Armón (500). En total, durante ese periodo se construyeron con tax lease 273 buques en España.

Los astilleros critican el argumento de Almunia de que la devolución de las ayudas solo afectará a los inversores y los armadores, ya que advierten de que sin estas dos patas no se contratan buques. Los sindicatos, por su parte, recuerdan que el parón del tax lease, que mañana cumple dos años, ya se cobró 10.000 puestos de empleo en la comarca de Vigo. Es más, uno de cada cinco empleos destruidos en el sector naval europeo desde el comienzo de la crisis es vigués. Las centrales denuncian que la devolución de las ayudas ponen en peligro los 87.000 empleos que aún tiene el naval español.