-¿Les pilló por sorpresa?
-No nos ha pillado por sorpresa, la verdad, es el discurso que él (Almunia) quiere mantener para cerrar un sector industrial en España. Habíamos visto el borrador y vimos lo que se propone, así que conocíamos su posición.
-¿Es un borrador detallado?
-Es una propuesta detallada, pero ahora quiere pasarle la pelota al Gobierno a la hora de determinar que debe ser Madrid quien diga quién tiene que pagar y cuánto. Pero esa es su responsabilidad, la decisión es una propuesta suya.
-¿Menciona el caso francés?
-Sí, lo menciona.
-¿Y qué dice?
-Que cuando se abrió el procedimiento a Francia, España tendría que haberse adaptado a él, tendría que haber parado y rehacerlo. Pero es algo absurdo, es como si ahora se le abre un procedimiento a Malta y tenemos que parar todos por eso.
-Los astilleros trabajaron bajo el principio de confianza legítima. ¿Eso no lo contempla la Comisión?
-Sus servicios jurídicos lo que inciden es en la no notificación de España de nuestro sistema tax lease a raíz de la investigación sobre el procedimiento a Francia. Hay muchos documentos y argumentos que validan que nuestras operaciones podían seguir adelante hasta que no se abrió el procedimiento, en 2011. No tiene ningún sentido.
-El camino a seguir es, por ahora, corto...
-Es intentar convencer al Gobierno, a la Comisión, comisarios de que esta propuesta termina con un sector industrial en un país con seis millones de parados.
-¿El cálculo que conocemos, esos 2.800 millones de euros, se mantiene?
-Es relativamente difícil de hacer. Hay una serie de ayudas, que efectivamente ascienden a 2.800 millones de euros, que se tienen que repartir entre inversores y armadores y luego proceder a la devolución. Y esto, insisto, termina con la construcción naval, de la que viven 89.000 familias en España.
