Dos años de castigo comunitario: seis astilleros cerrados y 50 barcos perdidos

La suspensión del tax lease hace dos años hundió la contratación de buques en España. Desde entonces, según cálculos de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión), se han perdido más de cincuenta barcos y han cerrado seis factorías navales (Mcíes, Unión Naval de Valencia, Unión Naval de Barcelona, Astilleros de Huelva, Astilleros de Sevilla y Factorías Juliana). Solo en la comarca de Vigo, el sector ha destruido algo más de 10.000 empleos.

La orden de Bruselas derivó en una batalla judicial en la que la parte española, a través de Pymar, remitió cuatro escritos de alegaciones al procedimiento y seis informes jurídicos en defensa de la legalidad del tax lease, elaborados por despachos de abogados de primer nivel nacionales e internaciones, entre los que se encuentra un gabinete jurídico experto en materia de competencia de Bruselas.

Al igual que había ocurrido en Francia en 2006, el Gobierno y el sector argumentan su defensa jurídica del tax lease sobre tres principios: seguridad jurídica, confianza legítima (porque la propia Comisión, en dos ocasiones, validó por escrito la legalidad del sistema español) y buena fe.

Los sindicatos han comenzado una serie de movilizaciones a nivel nacional en defensa del sector y contra una resolución desfavorable del tax lease. El jueves se celebrará una manifestación en Vigo por esta razón. CC OO y UGT también prevén remitir una carta esta semana al comisario de Competencia en la que alertan de las gravísimas consecuencias que tendría exigir la devolución de las ayudas.