La defensa del presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, presentó en la Audiencia Nacional una petición de "aclaración" sobre el mandato que se le ha dado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que "practiquen cuantas actuaciones se estimen tendentes a la comprobación de la realidad de los hechos" que se le imputan al empresario. Esto es, uso de información relevante, falseamiento de cuentas y de información financiera. Para Sousa esta orden del juez Pablo Ruz (manifestada en el auto de imputación del 23 de mayo) incluye "conceptos oscuros" que pudieran dar demasiada libertad a los investigadores. La respuesta de Ruz es rotunda: "Lo interesado por la representación de Manuel Fernández de Sousa-Faro no es la aclaración de conceptos oscuros, sino la modificación sustancial de dicha resolución". Por tanto, el juez permitirá que la Policía Judicial realice "las actuaciones que sea necesarias". Todas, tanto las previstas en las diligencias como las que no.

Así consta en una providencia de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso FARO, y que también hace referencia al mandato a la UDEF para que indague en el patrimonio de la familia Sousa. El presidente de Pescanova solicitó al juez que concretara a qué personas se refiere exactamente. Para el Ministerio Fiscal hay evidencias de que Sousa "habría procedido a situar parte de su patrimonio inmobiliario fuera del alcance de eventuales acciones judiciales y bajo la titularidad de su cónyuge". A este respecto, el juez Pablo Ruz accede a "aclarar" este punto.

La familia

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía hará un informe que "verse sobre los cambios operados en el patrimonio de aquellos miembros de la familia del querellado que figuren como destinatarios de eventuales operaciones de transmisión de activos realizadas en los años 2012 y 2013" por Sousa, "ya sea de forma personal o por medio de sociedades patrimoniales". De su familia su esposa (María del Rosario Andrade Detrell) y sus dos hijos (Pablo e Ignacio) tenían cargos en empresas, tanto vinculadas a Pescanova como con objetos de negocio diversos.

Su esposa, por ejemplo, se convirtió en administradora única de Granxa Pegullal, sociedad situada en Salceda de Caselas, a principios del mes de abril. Antes eran los dos (Rosario y Manuel) quienes figuraban como gestores de esta compañía. Su hijo Pablo Fernández, consejero de Pescanova, abandonó el equipo directivo de cinco filiales en el mes de febrero, antes de solicitar el preconcurso. Sousa, en declaraciones a FARO, atribuyó estos cambios al hecho de que Pescanova siempre debió haber sido administrador único de las filiales. Ignacio Fernández, por su parte, abandonó el consejo de dos empresas familiares, Yatesport y Astilleros y Construcciones Lagoa, el 27 de febrero y 4 de marzo, respectivamente (fecha de publicación en el Boletín del Registro Mercantil, Borme).

Nueva providencia

Además de las decisiones de Ruz sobre Sousa, el titular del caso ha accedido a levantar la imputación que pesaba sobre el empresario vigués José Alberto Barreras, presidente de Transpesca, de forma transitoria. "Ello sin perjuicio de lo que pudiese resolverse durante el curso" de la instrucción, matiza el magistrado. El despacho Yvancos, que representa a accionistas minoritarios, ya ha recurrido contra el levantamiento de esta imputación, según consta en la providencia.