Almunia hizo temblar ayer, de nuevo, al sector naval. El comisario europeo de la Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea (CE) anunció que la decisión final sobre el expediente del tax lease (el sistema de bonificaciones fiscales del naval, suspendido hace casi dos años) se tomará "probablemente este mes de junio" y que serían inversores y entidades financieras los que tendrían que asumir un hipotético reembolso de las ayudas, no los astilleros. Este anuncio, en apariencia positivo para el naval, desató una nueva situación de histeria entre los astilleros. Fuentes del sector explicaron a FARO que existen contratos de pleno derecho válidos entre los participantes en las estructuras de tax lease según los cuales son las factorías navales las que en última instancia tendrían que asumir las consecuencias de un cambio regulatorio, por lo que cualquier devolución de las ayudas recaería en los astilleros. El sector y los sindicatos criticaron las declaraciones del comisario "porque Almunia es consciente de este hecho".

El comisario, durante una entrevista televisada en Antena 3, reiteró que la investigación sobre el tax lease ha sido "muy difícil" porque para tomar "una decisión en control de ayudas de estado no solo tenemos que trabajar nosotros, sino también la otra parte, en este caso, España", en alusión a que el Gobierno central demoró el envío de información a Bruselas, supuesto que tanto el Ejecutivo como el sector niegan. Almunia indicó que es "consciente" de la situación en la que se encuentran los astilleros y sus trabajadores, pero dejó claro que la decisión se tomará en función de las normas europeas de ayudas de estado. A este respecto, el comisario español afirmó que "los que recibieron la ayuda que está en cuestión no fueron los astilleros, sino otro tipo de entidades, los inversores, las entidades financieras". "Estos son los que en su caso tendrían que aplicar esta decisión que tomemos y que vamos a tomar probablemente este mes de junio", informó.

Fuentes del sector explicaron a FARO que aunque la Comisión reclame la supuesta ayuda a cualquier otro participante distinto de los astilleros en las operaciones de tax lease, serán estos los que tengan que asumir la devolución, lo que provocaría su quiebra. "Existe una serie de contratos válidos de pleno derecho firmados entre los participantes en las estructuras financiero fiscales, según los cuales es el astillero, parte débil de la cadena, el que asume las consecuencias de cualquier cambio regulatorio", indicaron las mismas fuentes, que no entienden las declaraciones de Almunia, quien es "perfectamente consciente de este hecho". Según ha podido saber este periódico, las alegaciones e informes jurídicos remitidos a Bruselas por el Gobierno y la sociedad privada de astilleros Pymar recogen esta situación de debilidad de los astilleros en el esquema de tax lease.

Lo mismo opina la patronal gallega del metal, Asime. Su secretario general, Enrique Mallón, indicó ayer que no contemplan devoluciones puesto que los sistemas de bonificación europeos, no solo el español, se fundamentan "en la participación de varios agentes y obviamente los inversores son una pieza clave". "Ellos han participado también confirme a los principios comunitarios y por consiguiente no se debe valorar posibles devoluciones, que en ese caso confirmarían una situación intempestiva, discriminatoria y claramente contraria a la industria de un país que ha actuado conforme a derecho", subrayó. Mallón apuntó que el Gobierno no podría aceptar una resolución desfavorable porque hay argumentos jurídicos e industriales "muy sólidos en defensa de la actuación bajo la buena fe y la confianza legítima". Asime valoró no obstante que la resolución se conozca este mes "aunque sea más que tarde para el sector".