La Comisión Europea consumó ayer su reciente inclinación por relajar la disciplina de la austeridad y concedió más tiempo a España y a otros cinco estados para cumplir los compromisos de reducción del déficit. El Ejecutivo dispondrá de dos años más, hasta 2016, para reducir el agujero de las cuentas públicas al 2,8% del Producto Interior Bruto (PIB). Y el objetivo para 2013 pasa del 4,5% al 6,5%, más suave incluso que el planteado por el Gobierno. Esa nueva senda de ajuste libera al país de afrontar de inmediato recortes tan severos o más que los del pasado año, pero no saldrá gratis. Entre otras contrapartidas, Bruselas quiere que España pise el acelerador con los cambios en las pensiones, que profundice en la reforma laboral y que aborde subidas tributarias del IVA y de los impuestos sobre los carburantes.
El aparente giro en la política europea, más permeable en las últimas semanas a hablar de potenciar el crecimiento y a reconocer los efectos secundarios de la austeridad a ultranza en las economías de la zona euro, se plasmó ayer en la decisión del Ejecutivo comunitario de no abrir un procedimiento sancionador contra España, candidata a ello por sus "graves desequilibrios macroeconómicos", según reciente dictamen de la Comisión. El Gobierno español ha conseguido evitar ese procedimiento, que habría conllevado una vigilancia reforzada -casi una intervención- de la política económica nacional y el riesgo de multas de gran cuantía. Por contra, Bruselas abre la mano con el déficit. No supone el fin de los recortes, pero los aligera: España pasa de tener un itinerario que obligaba al país a un ajuste fiscal (vía ingresos y gastos) superior a 40.000 millones de euros en dos años a repartirlo en cuatro (hasta 2016).
Nuevo calendario
El alivio empieza por 2013: el país queda obligado a reducir el déficit del 7% de 2012 -sin contar las ayudas a la banca, que lo disparan por encima del 10%- al 6,5% en 2013. El ajuste necesario equivale a unos 5.000 millones. En el escenario precedente, con la obligación de bajar al 4,5%, los recortes y subidas de impuestos habrían rondado los 25.000 millones. El Gobierno había pedido para este año el 6,3%, de modo que Bruselas concede dos décimas extra al país. Ese menor esfuerzo (2.000 millones) será repartido "equitativamente" entre las distintas administraciones, anticipó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Asuntos Económicos, subrayó, al presentar el informe sobre España, que el plan de reformas remitido por el Gobierno resulta "muy convincente". Aún así, la Comisión ha añadido nuevos deberes para España. Las llamadas "recomendaciones" de Bruselas tocan distintos aspectos (reforma de la administración, energía, liberalización de los servicios, regulación del mercado interior...), pero inciden sobre todo en las pensiones, el mercado de trabajo y el sistema tributario. En los tres casos, Europa fija un calendario para abordar los cambios.
Pensiones. Bruselas pide "culminar al final de 2013 a más tardar la regulación del factor de sostenibilidad", el mecanismo que está diseñando un grupo de expertos para preservar la estabilidad financiera del sistema de pensiones. Esta reforma puede conllevar rebajas en las pensiones y nuevos aumentos de la edad de jubilación. La Comisión propone explícitamente que "la edad de jubilación vaya aumentando en función del aumento de la esperanza de vida". Esta reforma se aplicará ya desde 2014.
Empleo. Bruselas pide una evaluación urgente de la reforma laboral y que se regulen cambios, "si es necesario", antes de septiembre de este año.
Impuestos. España queda obligada a hacer una "revisión del sistema tributario" antes del mes de marzo de 2014. La Comisión Europea apuesta por limitar el uso de los tipos reducidos del IVA, de modo que se restringirían más los productos bonificados con un gravamen menor. A esa subida se añadirían otras en tributos medioambientales, "sobre todo" en los impuestos que se aplican sobre los carburantes.
