Los expertos de KPMG, que realizan en las instalaciones de Pescanova la auditoría forense para detectar indicios de fraude en la gestión de la empresa, analizaron ayer los ordenadores de al menos tres altos ejecutivos de la compañía, según explicaron a FARO fuentes de toda solvencia. Los ingenieros informáticos requirieron los equipos de Alfredo López Uroz (secretario del consejo y directivo de administración), César Real y Joaquín Viña Tamargo.
Asimismo, y según las mismas fuentes, también se pretende analizar los ordenadores de Álvaro Ozores o Juanjo de la Cerda, ejecutivos afines al presidente, Manuel Fernández de Sousa. Dos de los directivos (Real y Ozores) fueron recolocados en Frigodis e Insuiña, respectivamente, antes de que Sousa perdiera todos los poderes en la compañía por orden judicial y de los administradores concursales.
A mayores, y de acuerdo con fuentes jurídicas, dos entidades financieras y un fondo de inversión (con 25 millones de euros atrapados en la compañía) ultiman los detalles para personarse en la causa abierta contra Sousa, otros tres consejeros y accionistas de Pescanova y siete empresas de los mismos que se instruye en la Audiencia Nacional. Los fiscales Juan Pavía y Elena Lorente expusieron a los demandantes que "hay indicios" para ampliar la querella e imputar a parte de la cúpula un presunto delito de alzamiento de bienes.
