La endeble situación económica de la segunda multinacional gallega se ha estrellado contra decenas de titulares que fiscalizan su gestión pasada en vez de abordar su incierto futuro. No en vano, Manuel Fernández de Sousa-Faro, presidente de Pescanova, está imputado por cometer tres delitos de defraudación al frente de la empresa que creó su padre. El empresario, que tomó las riendas de la compañía hace 37 años, deberá comparecer en la Audiencia Nacional el 1 de julio para responder ante el magistrado y los fiscales por haber falseado presuntamente las cuentas de la firma, los datos financieros y haber utilizado información privilegiada para lucrarse a costa de Pescanova antes de su colapso. Así lo decretó ayer el juez Pablo Ruz en un auto que estimó parcialmente tres de las cuatro querellas presentadas contra la cúpula por parte de inversores minoristas.
Como habían indicado fuentes jurídicas a FARO, el magistrado atendió una por una todas las recomendaciones de Anticorrupción. Los fiscales Juan Pavía y Elena Lorente habían reclamado la imputación de cuatro personas y siete sociedades como responsables de la erosión de Pescanova. Además de Sousa están imputados los consejeros y accionistas Alfonso Paz-Andrade y José Antonio Pérez-Nievas y el socio José Alberto Barreras, presidente de Transpesca. En el caso de Paz-Andrade, y como se señalaba en el informe de Anticorrupción, el exconsejero delegado de Pescanova deberá comparecer el mismo día que Sousa por la presunta comisión de los mismos delitos que se le atribuyen al presidente. A Pérez-Nievas y Barreras, por contra, se le acusa de usar información privilegiada para vender acciones a buen precio (16-17 euros) antes de que el valor bursátil de la pesquera se hundiese por debajo de los seis euros.
El juez Ruz, como avanzó ayer este diario, quería actuar con celeridad ante el duro informe de Fiscalía, los datos concluyentes aportados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la "alarma" que se había generado "entre los inversores internacionales, según fuentes del mercado. De hecho todas las disposiciones que acordó tomar ayer Pablo Ruz son las que solicitaron los fiscales Pavía y Lorente en un informe entregado en la Audiencia Nacional el 16 de mayo, al que ayer tuvo acceso FARO. En poco más de diez páginas detallan qué información se debe recabar y a quién se tendría que imputar en el 'caso Pescanova'.
¿Por qué el caso lo asume la Audiencia Nacional? Porque el alto tribunal tiene la competencia de juzgar en "materia de defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas" que puedan producir daños graves en la economía española o perjudiquen a un grupo muy numeroso de personas. "Esencialmente se desprende del informe del Ministerio Fiscal que por parte de los administradores de Pescanova se habría proporcionado una imagen irreal de su situación económica", sostiene Ruz.
¿A qué penas se enfrentan? Según el auto se exponen al riesgo de ir a la cárcel por hasta cinco años. "Las conductas resultan a priori indiciariamente constitutivas de delitos societarios y de delitos relativo al mercado y a los consumidores", dice el documento. En ambos casos las penas están tipificadas en el Código Penal (artículos 290, 282 bis y 285), que acarrear penas de prisión de entre uno y seis años y la inhabilitación por un máximo de otros cinco. "Nos encontramos ante una actuación empresarial de naturaleza defraudatoria", indica Pablo Ruz. Por esta razón, "procede la admisión a trámite" de las querellas que solicitaban la imputación de estas cuatro personas.
¿Cómo puede estar imputada Pescanova? El letrado Ángel Sutil, del despacho Yvancos Abogados, explicó a FARO que habían solicitado la imputación de la empresa. ¿Por qué? Se trata de una estrategia legal para que Pescanova actúe como responsable civil en caso de que haya una condena favorable a los demandantes. Esto permite embargar los bienes de la pesquera para pagar a los accionistas, que en una suspensión de pagos normal cobran en último lugar.
¿Qué papel juegan los socios críticos con el presidente? Por lo pronto van a tener la oportunidad de criticar la gestión de Sousa ante el magistrado, lo cual es significativo. El punto tercero del informe de los fiscales Pavía y Lorente solicita la comparecencia como testigos de tres personas. Uno de ellos es el consejero José Carceller, representante del segundo accionista de Pescanova, Damm, en el consejo. El grupo catalán fue, de largo, el más crítico con Sousa desde que se desató la crisis en la multinacional. También irán como testigos -lo establece el juez pero es una petición del Ministerio Fiscal- Fernando Herce, secretario del consejo de Iberfomento, y Francisco Javier Soriano Soria, exconsejero hasta el 13 de febrero por parte de Liquidambar.
