En paralelo al intento de Deloitte de reorientar la gestión de Pescanova tras la expulsión del presidente y el consejo de administración al completo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mantiene abiertas sus pesquisas sobre "todo lo que ocurrió" en los últimos meses en la compañía. Desde el estallido de la polémica a finales de febrero con la sorprendente petición del preconcurso de acreedores. Y mientras no tenga cerrada su "investigación general", el organismo presidido por Elvira Rodríguez rechaza dar más detalles y cuantificar cuántos expedientes podrían derivarse del caso. Eso sí, el supervisor del mercado bursátil español, aclara que habrá uno por cada una de las posibles irregularidades que se detecten y que respondan a incumplimientos de diferentes obligaciones de la Ley del Mercado de Valores.
Lo que podría suponer hasta cuatro expedientes, según revelaba ayer El Confidencial. Dos, sostiene la web, que estarían ya en marcha, incidirían por un lado en la venta de los 1,9 millones de acciones que Sousa vendió desde principios de diciembre del año pasado, hasta reducir su participación a la mitad de lo que tenía. Una desinversión que se notificó a la CNMV hace solo un par de semanas. Por otro, en las comunicaciones remitidas al regulador sobre los acuerdos en el seno del consejo de administración y la falta de la unanimidad que Pescanova trasladaba en ellos.
Todo en línea con varias de las llamadas de atención que el juez Roberto de la Cruz, encargado del concurso, lanzó al expresidente para apartarlo de la gestión. Con lo que el resto de expedientes podrían estar vinculados a las diferentes cifras que se trasladaron, incluso al magistrado, sobre la deuda del grupo y los sucesivos retrasos en la presentación del balance anual a la CNMV.
