Los grupos parlamentarios del PSOE, Izquierda Plural, PNV, UPyD y Mixto (a través del BNG) han respaldado en sus enmiendas al proyecto de ley derivado de la iniciativa legislativa popular (ILP), admitida a trámite el pasado mes de febrero, que la entrega de la vivienda habitual cubra el total de la deuda.

Además, han realizado propuestas adicionales para ampliar el proyecto de ley nacido de la ILP promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ya sea para incluir la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE o para introducir mejoras en el texto.

El PSOE plantea en sus enmiendas que si el deudor ya ha pagado el 75 % de la vivienda pueda continuar en ella abonando una cantidad en concepto de pago de la deuda pendiente equivalente al 30 % de los ingresos familiares, así como que también se beneficien de la nueva normativa los avalistas de las viviendas y los locales comerciales de autónomos.

En cuanto a la sentencia del Tribunal de la UE, plantea que el juez pueda suspender cautelarmente el procedimiento de ejecución si existen cláusulas abusivas, posibilidad que ya introdujo como causa de oposición a una ejecución hipotecaria en las enmiendas que presentó al otro proyecto de ley que tramita el Congreso sobre este tema (el de protección a los deudores hipotecarios).

La Izquierda Plural (IP) propone que, en el caso de que se aleguen cláusulas abusivas como oposición, el tribunal deberá emitir un auto sobre el asunto que, o bien supondrá el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria o bien la determinación de la cantidad de dinero por la que seguirá el procedimiento.

El deudor podrá elegir entre la alternativa que más le convenga: dación en pago de la vivienda, reestructuración de la deuda o una quita.

También apuesta por crear una oficina de atención a los afectados por las cláusulas abusivas y ampliar el fondo social de viviendas con inmuebles de los bancos nacionalizados, de los participados por el FROB y de los desocupadas de titularidad pública por un periodo mínimo de cinco años.

UPyD pide que el juez, que podrá actuar de oficio, deniegue total o parcialmente la ejecución de la vivienda habitual por la cantidad que reste por pagar si se debe a una causa "justa", tal como enfermedad larga, paro, desgracias familiares; así como aplicar retroactivamente la decisión de la corte de Luxemburgo a procesos iniciado en el momento en que entre en vigor la nueva norma.

Al margen de la sentencia, propone que si no hay postores en la subasta el acreedor pueda pedir la adjudicación de los bienes por cantidad superior o igual al 80 % de su valor de tasación.

Asimismo, pide que no se admitan postores vinculados al banco que pide ejecutar la hipoteca, o participados por esa entidad financiera, y crear una Comisión Nacional de Sobreendeudamiento para coordinar los procesos de mediación hipotecaria.

UPyD e IP coinciden en modificar la ley del IRPF para evitar que las daciones en pago tributen como ganancias por las que se debe pagar.

El PNV, que ya presentó su única enmienda el 1 de marzo pasado, propone que puedan acogerse a la dación en pago retroactiva de su vivienda habitual las familias que estén en situación especialmente vulnerable y con unos ingresos inferiores a cuatro veces el IPREM, que actualmente son 1.597,53 euros brutos mensuales, así como ampliar los supuestos de especial vulnerabilidad.

El BNG (integrado en el Grupo Mixto) presentó sus propuestas el pasado 15 de marzo y en ellas proponía que el juez admita la oposición del deudor si hay cláusulas abusivas y si afecta a la vivienda habitual de un deudor que actúe de buena fe.

En cuanto a CiU, el grupo ha decidido no presentar enmiendas sin que antes se trasponga a la legislación española la sentencia del Tribunal.