La actividad de la banca está anclada en unas reglas cuyo incumplimiento puede generar, dicen los expertos en economía financiera, severos problemas económicos y daños sociales. Una de esas reglas determina que las pérdidas de una entidad deben ser soportadas en primer lugar por aquellos que más rentabilidad obtienen y más riesgo asumen en su relación con el banco. Más allá de la responsabilidad en que incurran los directivos si la gestión es negligente, ese principio señala que los más expuestos son los accionistas, seguidos de quienes prestan dinero al banco a cambio de un rendimiento cualificado (bonistas, titulares de participaciones preferentes, deuda subordinada...).
Sobre el papel, ese orden preserva al eslabón más débil: el ahorrador modesto que coloca su dinero en depósitos convencionales, asegurados en todos los sistemas financieros avanzados por fondos de garantía (en España hasta un límite del 100.000 euros). Los avatares de la crisis financiera han terminado por infligir daños, en ocasiones muy graves, a ese ahorrador. Los golpes han llegado por ciertas prácticas de la banca, por la laxitud o falta de previsión de las autoridades regulatorias o por decisiones de alta política que se toman en la UE.
l Los híbridos.
Hacia 2009, con los mercados financieros sacudidos por la crisis que venía de 2007, bancos y cajas de ahorros españolas captaron miles de millones de euros mediante emisiones de participaciones preferentes y deuda subordinada, productos clasificados como «híbridos de capital» y que reportaban beneficios a entidades e inversores: las primeras reforzaban su solvencia (el dinero captado computaba como un sucedáneo de capital) en un momento en que las autoridades estaban exigiéndoles más capitalización; los segundos obtenían una rentabilidad elevada.
La rentabilidad es el precio que paga la banca y ésta buscó pagar el más bajo posible. Una emisión de productos híbridos puede colocarse entre inversores institucionales (sociedades inversoras, fondos de pensiones...), entre minoristas (clientes individuales) o entre ambos a la vez. Los más caros son los institucionales. En los años señalados, esos grandes inversores demandaban intereses a menudo superiores al 10%. A los minoristas se les pagaba entre el 4% y el 7%.
Era más barato utilizar la ventanilla del banco. Por ella se puso en contacto con los híbridos a muchos ahorradores cuya relación con los productos financieros a menudo no había pasado de los plazos fijos. Recibieron garantías de palabra de que en cualquier momento podían liquidar sus títulos, incluso con plusvalías, porque se compraban y vendían sin dificultad en el mercado de renta fija. Ni los ahorradores ni los empleados bancarios sospechaban entonces que ese mercado se vendría abajo, que el dinero iba a quedar atrapado. Cuando ocurrió, desde 2011, estalló el «corralito de las preferentes».
La banca convencional frenó el problema con operaciones de canje y otras ofertas, sostenidas mediante ampliaciones de capital o con cargo a los beneficios. El escándalo se enquistó en las cajas y en los bancos por ellas creados, sobremanera en los luego nacionalizados (Novagalicia, Catalunyabanc y Bankia). Las condiciones impuestas por Europa para su rescate han terminado por penalizar a los tenedores de preferentes y deuda subordinada con quitas de hasta el 61%. En otros bancos con ayudas, como Liberbank, están en marcha canjes por acciones cuyo impacto va a depender en buena medida de cómo se comporte el valor a partir de su debut en Bolsa el 16 de mayo.
Es el resultado de aplicar la regla del orden de pérdidas, pero en este caso ha atrapado a miles de ahorradores y la vía de un arbitraje habilitada por el Gobierno para quienes alegan que la comercialización fue fraudulenta se presenta como una solución parcial.
¿Todos los inversores ignoraban las peculiaridades y riesgos de lo que estaban contratando? No, una parte los demandó por propia iniciativa y con conocimiento de los riesgos, pero el perfil de muchos afectados (no son pocos los casos de jubilados) da consistencia a la denuncia de quienes señalan que firmaron en la creencia de que no se trataba de un producto sofisticado.
l Los depósitos.
La llamada banca minorista se financia para sus negocios por dos vías básicamente: la captación de recursos de clientes (depósitos) y el dinero obtenido en préstamo de otras entidades. En el camino que llevó a la crisis financiera actual, las entidades españolas recurrieron con mucha intensidad a la segunda vía. El ahorro de otros países financió así a los bancos españoles y éstos la actividad económica interior, sobre todo el boom inmobiliario.
Desde 2007, cuando los mercados mayoristas del dinero se cerraron por la crisis internacional, los bancos centrales han asumido la tarea de prestar masivamente dinero a la banca para evitar el colapso de los sistemas financieros, aparatos circulatorios del sistema capitalista. Las entidades también apelaron a los clientes en busca de liquidez. Al menos por dos veces (2008 y 2012) las entidades españolas se enzarzaron en «guerras del pasivo», elevando la rentabilidad que ofrecían a los ahorradores. Los intereses llegaron a tocar el 5%. Bancos y cajas buscaban así una liquidez que a menudo usarían no tanto para dar préstamos como para pagar los vencimientos de las multimillonarias deudas que mantenían con entidades extranjeras.
En las dos ocasiones, la Administración reaccionó limitando el interés. La entonces ministra de Economía Elena Salgado lo hizo en 2009 endureciendo las aportaciones obligatorias al Fondo de Garantía de Depósitos de aquellas entidades que ofrecieran réditos considerados excesivos. El pasado enero, el Banco de España tomó otro camino: dio instrucciones a los bancos para limitar la rentabilidad de los depósitos. El límite se fijó en el 2,75% para los nuevos contratos. Casi todas las entidades aplicaron automáticamente ese límite. Se cerraron las ventanillas donde se anunciaban rendimientos superiores al 4%.
Se dijo entonces que el Banco de España emitiría una circular y fijaría penalizaciones para los bancos incumplidores. Aquellos que ofrecieran rentabilidades consideradas excesivas podrían ser obligados a reforzar su capital. La circular no pasó de la categoría de recomendación, aunque se ha cumplido a pies juntillas. Por el medio la Comisión Nacional de la Competencia amenazó con un expediente del que no ha habido noticia en los últimos dos meses. El rendimiento de los ahorradores pagó la factura de los riesgos que el Banco de España apreciaba en la «guerra del pasivo»: encarecimiento del crédito y peligro de nuevos agujeros en la banca que podrían requerir dinero público.
l Chipre.
La crisis de Chipre ha puesto en guardia a los ahorradores. Más allá de las peculiaridades de los depósitos chipriotas (muchos de ellos de extranjeros atraídos por inusuales rentabilidades y por los privilegios que ofrece el país como remedo de paraíso fiscal), el intento de establecer una quita a través de un impuesto en el dinero de los ahorradores abre una vía de agua en los mecanismos preventivos que tiene Europa para garantizar los depósitos y conjurar los riesgos de pánicos bancarios. Por más que políticos y banqueros lo desechen, entre los ciudadanos menudea el temor a que lo ocurrido en Chipre sea «un experimento» para posibles rescates venideros.
