El abogado Juan Ignacio Navas lleva cuatro años augurando una sentencia como la reciente del Tribunal Supremo que anula las cláusulas suelo de las hipotecas si faltó información y transparencia antes de su sucripción. El abogado se declara "ferviente militante, no contra la banca, sino contra la injusticia". En Galicia, unas 200.000 personas están afectadas por hipotecas con cláusula suelo.

-¿Qué debería hacer un hipotecado que tenga esta cláusula suelo a la vista de la sentencia del Supremo?

-El afectado lo que tiene que hacer es dirigirse a su banco a la vista de lo que hay. En el caso de que haya una negativa, y por lo que yo conozco en mi ejercicio profesional ninguna entidad financiera nos ha admitido esta petición, que se vaya directamente a los tribunales porque tiene amparo ya de los tribunales y les beneficia de manera absoluta.

-¿Cómo y quién demuestra que ha habido falta de transparencia e información?

-Quien ofreció esa cláusula y quien la impuso debe de demostrar que informó correctamente. Por ejemplo, con las estadísticas del euríbor de los últimos seis años. También en la entidad tienen que demostrar que explicaron qué es una cláusula suelo, en qué consiste, qué tipo de referencia ha existido en el país en los últimos años y saber las limitaciones, que pueden ser muy variadas. Por ejemplo, es más fácil trasmitir o subrogar una hipoteca que no tenga suelo que una que lo tenga. Es decir, se debe probar que la información fue escasa y que el banco no explicó el comportamiento del euribor en la tendencia histórica.

-El Supremo no reconoce la retroactividad. Pero, ¿se podría y cómo recuperar lo pagado de más por esta cláusula?

-Se tendría que interponer una demanda en la que se declare que desde el principio ha habido una cláusula abusiva, que es nula, y que la otra parte se ha lucrado y ya no pide la nulidad a futuro sino las cantidades en la que la otra parte, en este caso las entidades financieras, a través de un comportamiento abusivo ha conseguido lucrarse de una manera manifiestamente ilegal por abusiva.

-¿Podría darse entonces una cascada de reclamaciones judiciales?

-Probablemente, pero no es deseable. Los abogados tenemos la obligación de intentar impedir los procedimientos judiciales.

-Interpreto que desea que sea la propia banca la que anule estas cláusulas...

- Yo abogo por la nulidad de cualquier cláusula suelo porque es una imposición injusta y, además, el Tribunal de Justicia de la UE también se pronunció hace muy poco sobre las hipotecas en España algo estarán haciendo mal las entidades financieras, y no solo eso, sino otras cosas, como la garantía personal ilimitada. Eso en otros países, por derecho comparado, hay soluciones muy diferentes, como la dación en pago.

-Y el Gobierno, ¿debería incluir estas cuestiones en la nueva ley?

-Este es un problema de legislación hipotecaria que debe resolver el Gobierno y que si no lo hace, como está ocurriendo en este país en los últimos años, lo tendrá que resolver la administración de Justicia, que es la que está poniendo coto a desmanes intolerables. El Gobierno no es que deba, es que tiene la obligación de hacerlo y ya desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Así de claro. Las entidades financieras han tenido su responsabilidad en el terreno hipotecario y deben asumirlo.

-¿Prevé cambios?

-Se avecinan tiempos de reforma muy complejos para el sector financiero pero es que debe ser así porque la Constitución Española establece el derecho a una vivienda digna y eso incluye conceptos tan simples como que no se puede establecer condiciones abusivas para disfrutar de una vivienda. Eso ocurre en países tercermundistas. Aquí no debe ocurrir.